Procurador de Edomex debe renunciar por masacre en Tlatlaya: diputado

ECATEPEC, Edomex., 28 de octubre de 2014.- El procurador del Estado de México debe de presentar su renuncia ante el gobernador Eruviel Ávila Villegas, para ser investigado por manipular y ocultar los hechos en la masacre de militares contra supuestos sicarios en el municipio de Tlatlaya, espetó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Legislatura local, Octavio Martínez Vargas.

Dijo que el mandatario estatal está obligado a aceptar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el caso Tlatlaya, ya que la Procuraduría incurrió «en tortura, fabricación y alteración de pruebas, y no emplea métodos de investigación científica».

Hasta ahora, expuso el legislador, el mandatario mexiquense sólo ha dicho que se encuentra analizando las recomendaciones, y en un plazo de 15 días, como lo establece la ley, responderá a ellas.

Sin embargo, destacó que si aseguró estar comprometido con el respeto a los derechos humanos, debe aceptar las recomendaciones y corregir las fallas.

En sus investigaciones, la CNDH encontró que 15 de las 22 personas que murieron en el presunto enfrentamiento del 30 de junio pasado en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, fueron fusilados por el Ejército, a pesar de que ya se habían rendido.

Por tanto, señaló el organismo, el mandatario mexiquense y el procurador no tenían pruebas para concluir, como lo hicieron, que los 22 muertos cayeron en enfrentamiento con soldados, pues ya existían indicios de que fueron asesinados ilegalmente.

La CNDH determinó que la PGJEM actuó de forma irregular al no resguardar adecuadamente las evidencias, no tomar fotografías dentro y fuera de la bodega antes de practicar los estudios periciales, ni tomar detalles individuales, violando los protocolos de investigación científica, “seguramente con la intención de ocultar algo”.

Además, las necropsias practicadas omitieron datos para dar certeza de la forma en que ocurrieron los hechos en aquella fecha.

La CNDH también acreditó tortura y “agresiones sexuales” cometidas por personal de la PGJEM en agravio de dos personas, y tratos inhumanos en contra de una más, que fueron interrogadas mediante golpes, torturas y amenazas y a quienes se obligó a firmar una declaración que no habían leído en la que se reconocen como integrantes de una banda de secuestradores, de tal manera que dos de las mujeres fueron enviadas al penal de Tepic, Nayarit, procesadas por delitos graves.

La Procuraduría mexiquense, concluyó la CNDH, no respeta los derechos humanos ni tiene personal capacitado para realizar investigaciones a partir de métodos y técnicas científicas.