Retahíla de preguntas

Costumbres

Otra vez el Estado de México. La entidad que gobierna el originario de Ecatepec vuelve a ocupar el primer lugar, ahora en funcionarios corruptos. ¡Vaya manera de crearse fama! De acuerdo al más reciente Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014, en su apartado ‘Anticorrupción’, se detalla que cuatro estados concentraron en 2013 algo más del 60% de todas las infracciones cometidas por funcionarios en México.

El Distrito Federal ocupa el segundo lugar, seguido de Jalisco y Oaxaca, revela el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en este conglomerado de números. “Se sancionaron a 3 mil 378 multas funcionarios públicos por infracciones cometidas con motivo del servicio público, negligencia administrativa u otra. Esto es, el 30% del total de 11 mil 259 sanciones impuestas a funcionarios en la República, aunque hay que señalar que sólo en esta entidad se concentra el 10% de los funcionarios de todo el país”.

¿Para qué nos sirven estas cifras? Tal vez para darnos cuenta que sólo una ínfima parte de la población se atreve y se da tiempo de levantar una denuncia en contra de un mal servidor público. El resto prefiere prestarse a la corrupción, es más barato y se pierde manos tiempo, dicen algunos. Dar “mordida” es práctica común y corriente. Tal vez para colocar otra vez al Estado de México en un lugar vergonzante a nivel nacional y mundial. O tal vez para nada.

Ningún funcionario y menos el gobernador ha hecho algún pronunciamiento, ni lo hará, no es algo que cause mella en la administración pública mexiquense. Saben que la memoria del mexicano es efímera y de fácil distracción. Sólo se dan números no nombres y de lo que se trataría es de evidenciar a los servidores corruptos, pero sería como escupir al cielo.

Hablando de funcionarios públicos, el que dice que no se va por el caso Tlatlaya es el anodino procurador Alejandro Gómez Sánchez, quien por cierto efectuó en julio pasado una “reestructuración” en la PGJEM y hubo nuevos nombramientos. Dylcia Samantha García Espinoza de los Monteros fue nombrada nueva subprocuradora de Atención Especializada para la Atención de los Delitos Relacionados con la Violencia de Género. Esta servidora pública fue destituida en 2011 de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo en la Procuraduría General de la República por reprobar los exámenes de control de confianza, pero luego fue designada comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y ahora es funcionaria del Estado de México. ¿Donde está la congruencia?

Por cierto que hay algunas alcaldesas del Valle de Toluca que ya se sienten con la diputación en la mano y se dan el lujo de organizar desayunos con el clero para solicitar su “apoyo” en las próximas elecciones. Con eso de que la reforma electoral obliga a postular a la mitad de las mujeres en puestos de elección popular, ya se ven en una curul y viceversa.