Cuando jueces y magistrados del Estado de México viajaron a Chile, Estados Unidos y otros países latinoamericanos y europeos para estudiar, entender y asimilar el sistema procesal penal de corte acusatorio, adversarial y oral que hoy opera en todo el Estado de México, se les hizo de su conocimiento que el esquema jurídico vigente desde hace varias décadas y siglos en esos países, opera de forma correcta porque sólo entre 5 y máximo 12 por ciento de los asuntos-carpetas de investigación, llega a la última etapa: juicio oral. De superar esos porcentajes el sistema puede colapsar, se les advirtió.

De acuerdo a informes de la Procuraduría estatal, de enero a octubre del presente año se iniciaron 227 mil carpetas de investigación (identificadas como denuncias en el sistema tradicional) y se prevé que, como cada año, la entidad cierre con más 250 mil delitos.

Por lo anterior, se entiende perfectamente que las cargas de trabajo en agencias del Ministerio Público, entendidas por el sistema penal oral como el primer filtro, en estos momentos son extenuantes, por no decir que están desbordadas de víctimas que están a la espera de justicia.

El sistema penal oral contempla cinco etapas: Investigación, donde se registran subprocesos jurídicos como Control de Detención, Imputación Formal,  Declaración Preparatoria, Medidas Cautelares Reales y Personales, así como Autos de Vinculación a Proceso, esto último equiparable al auto de formal prisión, en el sistema tradicional.

En la etapa Intermedia o Judicializada, se registran Formas Anticipadas de Terminación del Proceso, Formas Alternativas de Solución del Conflicto, Preparación a Juicio Oral y Sobreseimiento.

La tercer etapa del sistema acusatorio adversarial que es operada por 330 jueces y 55 magistrados mexiquenses (menos del 20% sigue atendiendo los asuntos del sistema tradicional), es identificada como Juicio, la cual contempla la figura de Procedimiento Abreviado, Sobreseimiento y Sentencia.

Esto último es el preámbulo a la Ejecución e Impugnación, cuarta y quinta etapa, respectivamente, del nuevo sistema penal.

De acuerdo a los mismos operadores del novedoso sistema oral, todo está diseñado para que el 95 o 90 por ciento de los asuntos-carpetas de investigación, sean resueltos en las primeras dos etapas, a través de mecanismos alternos de resolución.

Las cuales privilegian, en todo momento, a la víctima pues se le garantiza la reparación del daño que le causó o generó el delincuente, se impone una sanción (no necesariamente privativa de su libertad) a este último y de esa manera se da por concluido el conflicto jurídico.

Escenario teórico idóneo que en la realidad se complica, cuando la Procuraduría estatal informa que durante los primeros diez meses de 2013, se han registrado mil 596 homicidios dolosos, mil 860 violaciones (denunciadas), 161 secuestros y 255 robos a instituciones bancarias, entre muchos otros delitos de alto impacto.

Lo que implica, en caso de haber personas detenidas por dichos delitos, que esos asuntos-carpetas de investigación, irremediablemente tendrán que ser resueltos en la etapa de Juicio, es decir conforme la policía ministerial, elementos de la Dirección de Seguridad Pública municipal y estatal sean más eficientes y detengan a los presuntos responsables de esos delitos, las cargas de trabajo en los juzgados se intensificarán.

Escenario que puede ser aún más grave cuando el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nos confirma que de los 88 mil 730 ilícitos de robo denunciados en la entidad, 49 mil 216 fueron con violencia.

Si nos atenemos a las modificaciones realizadas al marco jurídico estatal, que cancelan cualquier tipo de beneficio de preliberación a las personas que cometan robos con violencia, es previsible y altamente probable que los juzgados tengan un flujo constante e ininterrumpido de casos para desahogar.

Para muestra basta un botón, de los 48 mil 909 robos de vehículos denunciados en el periodo referido, 24 mil 232 se cometieron con violencia, si la policía logra detener por lo menos al 10 por ciento de los autores de esos delitos, tendríamos bajo proceso a 2 mil 400 personas.