El proyecto incluyó propuestas adicionales de congresistas de varias bancadas parlamentarias y se avaló conforme a las reformas constitucionales —cuyo decreto fue publicado en la Gaceta del Gobierno el 6 de enero de 2025—, que modificaron el sistema de gobierno del Poder Judicial, mediante la creación del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial.

Con una votación a favor de las bancadas de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT); y una votación en contra por los grupos parlamentarios de los institutitos políticos Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC). La iniciativa de reforma fue avalada en lo particular con la finalidad de que dos terceras partes de los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, puedan iniciar leyes o decretos.

Asimismo, se aprobó la incorporación de las reservas para que las conductas disciplinarias aplicables a personas magistradas y juzgadoras del Poder Judicial incluyan la emisión dolosa, negligente o por ignorancia inexcusable de resoluciones contrarias a tratados internacionales, en materia de derechos humanos, y no solo de la Constitución, como lo establecía la iniciativa original.

De acuerdo con la iniciativa, estos cambios fortalecen el ejercicio de la función jurisdiccional y se traducirán en una impartición de justicia pronta, completa, expedita, imparcial y accesible, al establecer con claridad la separación entre las labores jurisdiccionales —a cargo del Tribunal Superior de Justicia— y las funciones administrativas y disciplinarias, que asumirán los nuevos órganos.

El documento también señala que estas modificaciones permitirán atender problemáticas como la opacidad, la corrupción y la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos, así como el retraso y la parcialidad que persisten en la institución, en particular en los procesos disciplinarios contra personas magistradas y juzgadoras.