Las pasadas elecciones judiciales pusieron a prueba al Estado mexicano: al gobierno y a las autoridades electorales. En general, se puso a prueba la democracia mexicana. Al final, ha quedado claro que la democracia judicial ciudadana únicamente será posible en el futuro si y sólo si se cumplen las siguientes condiciones:

  1. Respeto absoluto y protección del derecho a votar de manera libre e informada, de tal manera que no subsistan prácticas atávicas o regresivas de coacción o inducción indebida del voto.
  2. Consolidación de elecciones auténticas, no simuladas, donde priven la legalidad, la equidad y la transparencia.
  3. Garantías para la participación autónoma de la ciudadanía, sin injerencias del aparato gubernamental ni de partidos políticos en la promoción de candidatos oficiales.
  4. Promoción de una cultura política democrática, sustentada en los esfuerzos colectivos de aprendizaje y organización popular desatados en torno al proceso electoral.
  5. Fortalecimiento de dinámicas populares autogestivas que contrarresten las dinámicas elitistas de legitimación dirigida aún subsistentes.

Ahora bien, el éxito sustantivo de la democratización de los poderes judiciales se verá en el desempeño de los nuevos operadores judiciales, así como en los resultados que den con su trabajo. Muchas cosas se pueden hacer y varias de ellas se propusieron por diversos candidatos durante las campañas.

No obstante, ciertas acciones parecen estar por encima de las preferencias personales y trascender disputas coyunturales. En este sentido, se trataría de medidas objetivas que, quienes sean que sean, los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación tendrían que impulsar, por ejemplo:

  1. Reconciliar el principio de legalidad con la justicia sustantiva, bajo el supuesto de que en un Estado social de Derecho como el mexicano la justicia formal sólo tiene sentido si es al mismo tiempo justicia social. No se trata de un capricho populista, sino de un mandato constitucional revocado de facto por los tribunales neoliberales.
  2. Priorizar la atención de asuntos relacionados con derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en el entendido de que los DESCA reflejan en el campo de los derechos humanos los grandes problemas nacionales: agua, tierra, vivienda, alimentación, trabajo, seguridad social, educación, ciencia, ambiente, salud y biodiversidad, entre otros.
  3. Revisar los criterios y metodologías al uso en sede judicial, lo cual implica desacralizar los precedentes y la jurisprudencia, con el propósito de frenar el trabajo inercial y favorecer el trabajo reflexivo orientado a la superación de los sesgos ideológicos implicados en la cultura jurídica neoliberal.
  4. Garantizar el acceso a la justicia a toda la población, particularmente, en absoluto y sin pretextos, a grupos vulnerados y sectores empobrecidos de la población, sin discriminación por origen étnico, condición social o género.
  5. Combatir la corrupción y la desviación de funciones públicas mediante acciones concretas de fortalecimiento institucional en materia de transparencia y rendición de cuentas.

En suma, la justicia posneoliberal que debiese reivindicar el nuevo Poder Judicial de la Federación es una justicia socioambiental, respetuosa de la legalidad, con perspectiva intercultural y basada en metodologías interseccionales. Asimismo, erradicar la corrupción y el desvío de poder resulta indispensable para consolidar poderes judiciales al servicio del pueblo de México como salvaguardas de sus derechos colectivos fundamentales.

En particular, una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá ser una corte de justicia para las y los damnificados del neoliberalismo, que garantice el derecho a acceder a la justicia para quienes no pueden pagar abogados privados, a través de la consolidación de criterios de justicia intercultural, social y ambiental como ejes transversales y articuladores del quehacer judicial, así como de la implementación de metodologías interseccionales en la elaboración de sentencias.

Raymundo_EH