Ante esta situación, solicitó el apoyo de la organización no gubernamental Amor y Rabia, que fue reintegrada a la defensa del caso. Noemí explicó que el cambio de abogados fue una imposición de las autoridades de Los Reyes La Paz y fue persuadida para aceptar apoyo de un abogado del DIF.

La madre detalló que el lunes pasado, durante su traslado de su domicilio a los juzgados del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, fue separada de sus hermanos y subida sola a una patrulla, donde recibió intimidaciones.

Noemí también reveló que la familia de los responsables del homicidio ha continuado hostigándola, exigiendo que modifique sus declaraciones. Además, denunció que policías la obligaron a borrar al menos dos mensajes de amenazas recibidos en su teléfono, en los que le pedían que abandonara el caso.

Activistas y colectivos ciudadanos han exigido a la FGJEM una intervención inmediata para garantizar la protección de la madre y la familia de Fernandito, la investigación seria del homicidio y el esclarecimiento de las amenazas recibidas.

Señalan también la responsabilidad política directa de la alcaldesa, quien según testimonios y denuncias, ha permitido un ambiente de impunidad y negligencia dentro de la corporación policial, afectando gravemente la confianza ciudadana en las autoridades locales.