Elizalde, priísta local, era conocido por la presunta invasión de grandes extensiones de terreno y conflictos con comunidades de la región. El 3 de abril de 2025 fue asesinado de dos disparos por la espalda, generando conmoción en el municipio.

Desde el inicio, su muerte estuvo vinculada a disputas territoriales y tensiones políticas, aunque la investigación inicial llevó a la vinculación de Adriana N. y Elizabeth N., quienes posteriormente fueron absueltas por falta de pruebas.

Aunque fueron declaradas inocentes, familiares aseguran que “alguien quiere verlas refundidas en la cárcel” y que la Fiscalía Regional de Texcoco les imputa nuevos cargos de manera irregular.

Karla Alvarado Gómez, hija de una de las detenidas, clamó por la libertad de sus familiares y afirmó:

Por ello, familiares y abogados hicieron un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a la gobernadora del Estado de México (EMX), Delfina Gómez, para que intervengan. Solicitan que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) y se garantice un proceso sin presuntos “favores políticos” ni manipulación jurídica.