En un país donde el derecho a la ciudad ha sido desplazado por el mercado, las palabras de la Presidenta Claudia Sheinbaum llegan como un giro necesario. Nuestra presidenta aborda con claridad uno de los fenómenos urbanos más dolorosos de los últimos tiempos: la gentrificación. Y lo hace desde una óptica social, no desde el urbanismo especulativo, sino desde la justicia social.
El desplazamiento forzado por el aumento de precios en zonas habitacionales no es un accidente. Es la consecuencia directa de un modelo de desarrollo urbano guiado por intereses inmobiliarios antes que por derechos humanos. Y es precisamente eso lo que la presidenta Sheinbaum está dispuesta a enfrentar.
Ella no ha recurrido a tecnicismos, sino a principios: el acceso universal a la vivienda y a los servicios públicos, como columna vertebral de la política urbana. No es retórica. En el fondo, lo que se está planteando es una ruptura con el mercantilismo urbano, que reduce los espacios comunes a mercancías y que convierte a los habitantes en obstáculos del “progreso”.
Su rechazo a la discriminación en el acceso a la vivienda es más que un principio: es una denuncia de lo que ocurre cuando barrios enteros son rediseñados para turistas, nómadas digitales o inversionistas. Las comunidades originarias no sólo pierden su hogar; pierden su historia, sus redes, su pertenencia.
Uno de los énfasis más claros en el discurso de nuestra presidenta es la no expulsión de los residentes originales de barrios y colonias. Y eso no es menor. Durante décadas, el discurso del “rescate urbano” ha servido para justificar el despojo, disfrazado de modernización. Esta administración, en cambio, se orienta hacia un paradigma diferente: la permanencia con dignidad, no el desalojo maquillado de progreso.
La línea es clara: impulsar la vivienda social y accesible como antídoto estructural contra la gentrificación. Es una medida urgente en un contexto donde los precios del suelo se disparan al ritmo del capital transnacional.
La Presidenta dejó entrever que la regulación urbana será clave. Ya no se trata solo de construir más, sino de construir mejor: con reglas claras, con participación ciudadana, y con una visión que no excluya al que gana menos, al que ha vivido toda la vida en su colonia, al que no aparece en los folletos del marketing inmobiliario. La gentrificarción no es solo un fenómeno económico; es una forma de violencia estructural. Y solo con un Estado presente, planificador y justiciero, podrá enfrentarse.
Sin embargo, la lucha urbano popular por la reivindicación de la vivienda social no debe, bajo ninguna circunstancia, transformarse en el discurso y la violencia en contra de personas o de propiedades. Los mexicanos y mexicanas no podemos ni debemos acoger y ejercer la cultura violenta y xenofóbica de los cristales rotos. La Ciudad de México ha sido y es un ejemplo de pluralidad y respeto cultural, los extranjeros siempre han sido acogidos y bienvenidos en México, conservemos, como lo ha afirmado la presidenta de la República, esta humana tradición.
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