ECATEPEC, Edomex., 26 de agosto de 2025.- El pésimo servicio del transporte público en el Estado de México volvió a cobrar factura a los usuarios. Víctimas de la volcadura registrada el pasado domingo en la autopista México-Pachuca, viven un auténtico calvario, ya que ni la empresa responsable ni las autoridades estatales han respondido por los daños y lesiones ocasionadas.
El accidente se debió a la imprudencia del chofer de la camioneta con número económico 142 de la empresa Transporte Colectivo Jardines de Morelos, quien manejaba con exceso de velocidad pese a las quejas de los pasajeros.
Laura Jiménez, ex regidora de Ecatepec, fue una de las afectadas. Como todos los días salió de su casa rumbo a su trabajo y abordó la combi hacia Indios Verdes; sin embargo, el conductor, al entrar a la autopista, ignoró los reclamos de los usuarios y continuó acelerando.
Minutos después, a la altura del kilómetro 14, un neumático trasero reventó provocando la volcadura y el arrastre de la unidad por varios metros. Los pasajeros quedaron heridos en la carpeta asfáltica, siendo auxiliados únicamente por un motociclista que presenció el siniestro.
Ambulancias llegaron una hora después
La atención de las autoridades brilló por su ausencia. Ambulancias llegaron más de una hora después y el seguro de la autopista se deslinda de responsabilidades al argumentar que el accidente correspondía a la empresa de transporte público.
Peor aún, la combi carecía de seguro vigente, lo que obligó a que Laura fuera trasladada con la cobertura de su empleo. En la FGJEM, familiares de la víctima enfrentan trabas burocráticas y negativas para tomar su declaración, lo que refleja la indiferencia institucional ante la tragedia.
Indiferencia de la SEMOVI
Hasta ahora ni la Secretaría de Movilidad ni la empresa han establecido contacto con las víctimas para asumir la reparación del daño. La hija de Laura exige que se sancione a la ruta y se haga justicia para todos los pasajeros afectados.
Pese a que la Secretaría de Movilidad informó que abrirá una investigación administrativa que podría retirar la concesión a la unidad involucrada, la realidad es que el abandono de las autoridades y la impunidad de las rutas exhiben una vez más la crisis y el pésimo servicio del transporte público mexiquense.