ATIZAPÁN DE ZARAGOZA., Edomex., 19 de agosto de 2025.- El caso conocido como Lord Pádel, que conmocionó al Estado de México (EMX), registró un giro el pasado lunes. Una jueza del distrito judicial de Tlalnepantla ordenó la libertad de Otón N y Alejandro N, en cumplimiento de una suspensión provisional concedida por un juez federal.
Esta medida legal impide que los imputados sean privados de su libertad mientras se resuelve el amparo promovido en su favor, conforme al artículo 129 de la Ley de Amparo y la práctica jurisprudencial en materia penal.
Los señalados habían sido internados en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Barrientos, en Tlalnepantla; tras la resolución federal fueron externados y comparecieron voluntariamente en audiencia.
Durante la diligencia inicial, la jueza decretó la detención de los cuatro implicados por su probable responsabilidad en homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de Israel N.
Los hechos ocurrieron el pasado 19 de julio durante un partido de pádel, cuando Otón N, Alejandro N, Carla N y Germán N presuntamente agredieron física y verbalmente a la víctima. Alejandro N, de acuerdo con la fiscalía, lo sometió en el suelo y lo amenazó de muerte, acción que se considera cometida con ventaja.
En aplicación de medidas cautelares, Carla N y Germán N recibieron prisión preventiva justificada, por lo que permanecerán recluidos en el penal de Barrientos. Otón N y Alejandro N quedarán bajo disposición de la autoridad federal en lo relativo a su libertad personal, debiendo acudir a todas las diligencias subsecuentes.
El próximo 19 de agosto a las 11 horas se realizará la continuación de audiencia, donde la jueza evaluará la vinculación a proceso y determinará si existen elementos suficientes para formalizar el juicio en su contra.
Contexto legal:
La suspensión provisional, prevista en la Ley de Amparo, busca proteger a los imputados cuando se demuestra que su detención podría afectar derechos constitucionales, incluso en casos de delitos graves. Su otorgamiento no implica resolución sobre la culpabilidad, sino la garantía de que la autoridad judicial federal revise la legalidad de la privación de libertad antes de que se dicte una sentencia definitiva.