García Villagrán abandonó el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número tres de esta localidad, luego de una audiencia en el que un juez determinó no vincularlo a proceso por falta de pruebas de la Fiscalía General de la República (FGR).

El activista había incrementado sus denuncias por corrupción en el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), acusándolos de cobrar de forma ilícita 25 mil pesos para otorgar documentos migratorios y estatus de refugiados.

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