En el debate político y mediático de Estados Unidos, la figura del migrante mexicano suele ser reducida a un estereotipo cargado de prejuicios o, en el mejor de los casos, a un asunto de “seguridad fronteriza”. Sin embargo, detrás de cada trabajador que cruza la frontera hay una historia de esfuerzo y un impacto económico tangible que rara vez se reconoce. La economía estadounidense —de la agricultura a la construcción, pasando por los servicios y el cuidado doméstico— se sostiene en gran medida gracias a la labor de millones de mexicanos que han encontrado en ese país un lugar para trabajar y contribuir.
Las cifras lo confirman: de acuerdo con datos del Pew Research Center, los mexicanos representan la mayor comunidad migrante en Estados Unidos, y su participación en sectores como la agricultura supera el 50% de la fuerza laboral. Sin ellos, el costo de producir frutas, verduras y otros bienes básicos se dispararía, generando inflación y escasez. En la construcción, su trabajo ha permitido sostener el crecimiento de ciudades enteras, mientras que en el sector de servicios —hotelería, restaurantes, limpieza— su presencia garantiza precios accesibles y una oferta estable.
El aporte no se limita a la producción física: los migrantes mexicanos pagan impuestos, consumen bienes, alquilan viviendas y, en muchos casos, invierten en sus comunidades locales. Lejos de “quitar empleos”, suelen cubrir vacantes que el mercado laboral estadounidense no logra llenar, especialmente en trabajos de alta exigencia física y bajos salarios, donde la rotación es alta y el interés local es bajo.
Frente a esto, las propuestas de deportaciones masivas no son solo un acto de violencia humana y desarraigo familiar; son también una amenaza directa a la estabilidad económica de ambos países. Para Estados Unidos, implicaría un golpe en la disponibilidad de mano de obra, un encarecimiento de la producción y un impacto en sectores que dependen de trabajadores experimentados y dispuestos a realizar labores intensas. Para México, significaría recibir de forma abrupta a cientos de miles de personas sin un plan de reinserción laboral, saturando servicios públicos y presionando economías locales ya frágiles.
Además, las remesas que los migrantes envían a México —más de 63 mil millones de dólares en 2023, según el Banco de México— constituyen un motor vital para miles de comunidades. Una deportación masiva cortaría de golpe ese flujo, afectando el consumo interno y la estabilidad de familias enteras.
La narrativa que criminaliza al migrante mexicano olvida que la migración es, históricamente, una respuesta a la necesidad y una estrategia económica que beneficia a ambos lados de la frontera. Ignorar esta realidad y optar por políticas punitivas no resolverá los problemas estructurales que alimentan el flujo migratorio; solo los agravará.
En un mundo interdependiente, la fuerza laboral no conoce muros que detengan su necesidad de buscar mejores oportunidades. Reconocer el valor de los migrantes mexicanos no es un acto de caridad, sino de inteligencia económica. Deportarlos masivamente sería, en términos simples, dispararse en el pie… y esperar que el otro siga cojeando.
@josemanzurl