La Operación Enjambre no solo ha sacudido las estructuras políticas y administrativas de varios municipios mexiquenses, sino que también ha puesto en evidencia el alcance de los compromisos del Gobierno Estatal con la justicia y la seguridad.

En los últimos años, la complicidad entre servidores públicos y grupos delictivos ha minado la confianza en las instituciones.

Alcaldes y directores de seguridad que deberían proteger a sus comunidades se convirtieron en engranajes de redes criminales que fomentaron la violencia, el despojo y la extorsión.

Con la Enjambre, se dio un golpe certero a estas prácticas, gracias a un trabajo minucioso de inteligencia liderado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y respaldado por fuerzas federales.

Además, la Operación Enjambre marca un antes y un después en la forma en que se articulan los tres niveles de gobierno en el combate a la corrupción.

Este esfuerzo coordinado refleja el compromiso de la administración de Delfina Gómez con la seguridad, un compromiso que va más allá de discursos y se traduce en acciones concretas.

Los retos persisten, pero esta operación es un recordatorio de que las instituciones, cuando se depuran y se fortalecen, pueden ser el escudo que la ciudadanía necesita.