Política y economía son dos órdenes de la vida social que a lo largo de la historia han constituido eso que en sociología política se reconoce como relaciones de poder.
La voluntad de poder en la política que construye al Estado y a las instituciones que otorgan gobernabilidad, eso que se denomina el vínculo sociedad civil-sociedad política. La voluntad transformadora en la economía que genera modos de producción como el capitalismo.
En síntesis, la historia se ha forjado bajo los imperios del poder político y el poder económico.
La política y la economía, si bien han construido innumerables beneficios a las sociedades como el Estado y el Mercado, también han generado negatividades de un alto costo humano como la pobreza y la discriminación.
Separar los estancos del poder económico y el poder político constituye el pilar preponderante de la ideología social de la cuarta transformación y el núcleo doctrinal del diseño de las políticas públicas que ha presentado al país Claudia Sheinbaum.
Desde una conciencia ética sustentada en principios, ha destacado la importancia de forjar una barrera infranqueable entre el poder político y el poder económico: combatir la corrupción y garantizar que las políticas públicas beneficien al pueblo y no exclusivamente a las élites económicas.
Se trata de enfatizar con mayor empeño la ruta política humanista y democrática, prioridad fundamental para la consolidación de la prosperidad compartida que demanda la Nación.
Continuidad no es inercia; con el diseño de los 100 puntos para la prosperidad compartida, Claudia Sheinbaum fortalece el sentido fundacional de la 4T imprimiendo al enfoque ético existente, uno más de carácter cognoscitivo (científico y humanista) de largo aliento, que enfatiza la planeación, la transparencia, la revisión y la evaluación de programas y políticas públicas como medio para garantizar que la separación entre los poderes político y económico se traduzca en realidad efectiva en beneficio del pueblo de México.
Claudia Sheinbaum ha destacado como ejes de esta separación: la transparencia en las políticas y en la gestión pública, incluyendo la rendición de cuentas en todas las esferas del gobierno; la evaluación continua de los programas gubernamentales, a fin de comprobar el cumplimiento de objetivos institucionales, ajenos a los intereses económicos; el fortalecimiento de la independencia institucional, cerciorándose de su autonomía respecto de influencias económicas o de élite; una nueva legislación anticorrupción, que combata las malas prácticas, en especial en los cruces y vinculaciones entre empresas y gobierno, y una fuerte e informada participación ciudadana, haciendo realidad el lema del artículo 3º constitucional: considerar a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.