TOLUCA, Edomex., 23 de julio de 2025.- La Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México lleva a cabo un procedimiento de revisión en los gobiernos municipales de Calimaya, Atizapán de Zaragoza, Teoloyucan y Metepec, tras detectar posibles incumplimientos a la norma que obliga a integrar los gabinetes con equidad de género. Las indagatorias podrían concluir antes de finalizar el año.
Este análisis responde a la obligación constitucional de garantizar la paridad de género en todos los niveles de gobierno, una reforma que entró en vigor con las actuales administraciones municipales. Aunque la norma fue notificada desde su implementación, no todos los ayuntamientos la cumplieron desde el inicio.
De acuerdo con el contralor legislativo, Juan José Hernández Vences, las investigaciones buscan determinar si existió una asignación irregular de cargos de primer nivel, y de confirmarse, establecer las sanciones correspondientes para los integrantes del cabildo que aprobaron dichos nombramientos.
Ayuntamientos bajo escrutinio por paridad
Los procedimientos iniciados no se limitan a las primeras designaciones, ya que la movilidad interna en los gobiernos locales ha sido constante, con múltiples ajustes en cargos de confianza. Por ello, también serán evaluadas las modificaciones posteriores al arranque de las gestiones.
Además de estos casos específicos, el órgano de control contempla una revisión general al cierre del año, como parte de su programa anual, con el objetivo de identificar otras posibles faltas administrativas no denunciadas. El contralor explicó que aquellas que no son consideradas graves pueden investigarse hasta tres años después de haber ocurrido, lo que permite revisar decisiones pasadas del cabildo.
Entre las posibles sanciones, dependiendo de la gravedad del caso, se contempla una amonestación —pública o privada— o una inhabilitación de hasta un año si se confirma una falta sin antecedentes graves.
El procedimiento, detalló Hernández Vences, incluye varias etapas: recolección de pruebas, documentación oficial, garantía de audiencia y sustanciación del caso, por lo que una resolución final puede tardar entre seis y doce meses, especialmente si se presentan recursos legales por parte de los implicados.
Con esta vigilancia institucional, el Poder Legislativo busca reforzar el cumplimiento del principio de igualdad sustantiva y garantizar que los espacios de toma de decisiones en el Estado de México se ocupen bajo criterios legales y equitativos.