Investiga PGR a Caja Libertad, Big Bola y Gallos

QUERÉTARO, Qro., 14 de febrero de 2014.- La PGR cateó las oficinas de Grupo Gasolinero Mexicano (GGM), del que fueran dueños los hermanos Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio, por una investigación que vinculaba a la empresa con la compra de hidrocarburos robados a Pemex.
De acuerdo con el periódico Reforma, esa indagatoria fue congelada por el resto de la administración pasada, hasta que en diciembre de 2013 se reactivó con los testimonios de un sospechoso que señaló a dicho grupo empresarial por vender combustibles ilegales y lavar el dinero en la Caja Libertad.
El primer señalamiento contra la empresa de los Rodríguez ocurrió en enero de 2012, cuando la Procuraduría General de Justicia de Querétaro desmanteló a un grupo delictivo dedicado a la ordeña de ductos en San Juan del Río y Huimilpan.
Algunos de los detenidos señalaron que uno de sus principales clientes era GGM, que distribuía los hidrocarburos en unas 61 gasolineras.
Por tratarse de un delito federal, el sábado 25 de febrero de ese año la PGR y la Policía Federal Ministerial irrumpieron con un cateo a las oficinas de GGM en Avenida Benito Juárez, Colonia Carrillo Puerto, Querétaro, a escasos metros de la Décima Séptima Zona Militar.
La investigación al parecer disuadió a la compañía de los Rodríguez Borgio, pues de acuerdo con actuaciones de la PGR, vendieron algunas de las gasolineras de Grupo Kamerun y Grupo Queroli, conocidos de manera común como GGM. Eso ocurrió entre mayo y junio de 2012.
Con los negocios de los Rodríguez Borgio aparece relacionado otro indiciado por la PGR: Martín Díaz Álvarez.
Este personaje es sobrino del ex Secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz; primo político de Juan José Suárez Coppel, ex director de Pemex; cuñado de Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione, representante permanente de México ante la OCDE y casado con Gloria Pérez Jácome.
Díaz Álvarez es presidente del Consejo de Administración de la Caja Libertad Servicios Financieros desde enero del año anterior.
En ese cargo lo colocó su socio Javier Rodríguez Borgio, quien a fines de 2012 había encabezado a un grupo de empresarios para comprarle a José Antonio Rico Rico las acciones de la entonces Caja Popular Libertad y convertirla en un banco.
En ese tiempo, Martín Díaz fue la cabeza visible de aquellos inversionistas que tomaron la presidencia y posiciones clave en el Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros en sesión del Consejo de Administración celebrada el 9 de enero de 2013.
José Antonio Rico Rico es ahora uno de los empresarios más acaudalados de Querétaro.
Otro de los negocios de los Rodríguez y donde la PGR vincula a Díaz Álvarez es el casino Big Bola, con sede en Querétaro y con presencia en 18 ciudades del país.
En el expediente PGR/SEIDO/AC/UEIORPIFAM/74/2013, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada presume que el grupo gasolinero de los Rodríguez lavó dinero de la venta de hidrocarburos robados en la Caja Libertad y los casinos Big Bola.
Las investigaciones señalan que uno de los datos más sospechosos es que la Caja Libertad otorga ganancias a los socios con intereses más altos que cualquier otra institución financiera que pertenezca a la Asociación de Bancos de México.
Según la SEIDO, reporta prácticas de Mercado Internacional de Divisas (Forex), prometiendo los más altos rendimientos de inversión, las cuales están prohibidas, conforme a diversas leyes del mercado de valores y de las instituciones de crédito.
Francisco Rodríguez Borgio es un personaje que ya ha tenido problemas con la justicia, pues se encuentra sujeto a juicio en el Juzgado 22 Penal del DF en la causa penal 324/2012 por uso de documento falso.
También se le relaciona con la averiguación previa 156/2010-III, consignada al Juzgado Tercero Penal de Zamora Michoacán y, junto con su hermano Óscar, tiene abierta la averiguación previa PGR/QRO/QRO/IV/090/2012, en la Delegación de la PGR en Querétaro.
En tanto, Óscar Rodríguez Borgio es investigado en la indagatoria PGR/HGO/PACH-1-III/0862/2011, la cual se encuentra radicada en la Delegación Estatal de la PGR en Pachuca, Hidalgo.
Hoy Francisco y Óscar Rodríguez Borgio, así como Martín Díaz Álvarez, son buscados por la PGR, institución que ha pedido la colaboración de la DEA, el FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas, así como del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, para que proporcionen cualquier antecedente de sus personas.