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No obstante, durante la sesión de la Comisión los representantes populares locales subrayaron que dicha aprobación no exime a los titulares de las áreas fiscalizables y a los mismos auditores, seguir atendiendo hasta sus últimas consecuencias legales, los hallazgos, actos de resarcimiento y procesos que permiten atender conforme a derecho irregularidades e inconsistencias encontradas en el manejo de los recursos públicos en los dos niveles de gobierno.
Ante la presencia del auditor Fernando Valente Baz Ferreira, titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), quién realizó una exposición general de los procesos de auditoria practicados al aparato gubernamental estatal y municipal, los diputados avalaron el reporte que concluyó con un ejercicio “correcto” de la mayoría de los 256 mil millones de pesos ejercidos por el GEM durante el año pasado.
“Fueron 106 observaciones en el ámbito estatal que importan (involucran) a 244 millones de pesos y hallazgos 332; más 572 hallazgos que es de auditoria de desempeño. De la suma de estos hallazgos se dan recomendaciones que no tiene un criterio de resarcimiento pero si de poner atención a las diferentes aplicaciones de los recursos”, precisó en entrevista Baz Ferreira al concluir la sesión de la comisión.
El auditor precisó que de los 125 municipios, sólo alrededor de un diez por ciento no amerito algún tipo de señalamiento o proceso de resarcimiento “en el ámbito municipal hay 293 observaciones con un importante de 150 millones de pesos y hay 2 mil 412 hallazgos detectados”, dijo.
Detalló que los resarcimientos que hicieron los entes durante la revisión de obras ascendieron a 106 millones de pesos en el ámbito estatal y 145 mil pesos en el ámbito municipal.
Sobre estos últimos Baz Ferreira indicó que en la mayoría de los casos los titulares de los ayuntamientos esperan a que concluyan las auditorias para atender los procesos de resarcimiento, es decir reembolsar a las arcas el dinero que no lograron comprobar.
El auditor refirió que los procesos administrativos resarcitorios se iniciaron por irregularidades como falta de documentos, aplicación errónea de fondos federales, no aplicar fianzas de garantía y por desvió de recursos.
Por último el titular del OSFEM, Fernando Baz Ferreira, precisó que Alcaldes, Tesorero, Directos de Obras y de Administración son los funcionarios públicos que tienen la obligación de atender y responder los requerimientos de los auditores.
Es de destacar que los diputados instruyeron al OSFEM continuar e informar a la Cámara sobre cada uno de los procesos de solventación; dar seguimiento a las solicitudes de información requeridas y continuar con los procesos de resarcimientos y en aquellos casos donde el ente obligado no subsane y esclarezca el señalamiento, iniciar los procesos correspondientes.