A 10 años de la alerta de género

En 2015, México institucionalizó una herramienta que prometía ser clave en la lucha contra la violencia feminicida: la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). Como mecanismo emergente de protección de los derechos humanos de las mujeres, representó un parteaguas en la visibilización del grave problema de la violencia feminicida que enfrentamos en la vida diaria. Sin embargo, diez años después, la pregunta inevitable es: ¿realmente ha funcionado?

La Alerta fue creada con la intención de generar acciones gubernamentales inmediatas y coordinadas para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en territorios específicos del país. En teoría, debía movilizar recursos, articular instituciones y transformar las condiciones estructurales que perpetúan la violencia contra las mujeres. Hasta hoy, más de 600 municipios en 25 estados de la República han activado este mecanismo. Sin embargo, no ha sido posible observar una disminución del fenómeno.

El primer gran problema es que la AVGM se ha convertido, en muchos casos, en una medida más simbólica que efectiva. Ha funcionado como un pivote para disminuir la presión social sobre las autoridades, sin derivar necesariamente en transformaciones profundas de las instituciones o de las prácticas sociales. Las recomendaciones que emite no siempre se cumplen; los presupuestos asignados son limitados o se ejercen de manera opaca, y los informes de seguimiento suelen ser escuetos y poco transparentes.

Por ejemplo, entidades como el Estado de México, Veracruz o Morelos, que cuentan con alerta desde hace años, siguen encabezando las estadísticas de feminicidio. Esto revela una desconexión profunda entre la declaratoria de alerta y la voluntad política real para atender la violencia estructural de género.

Un aspecto especialmente preocupante es la ausencia de perspectiva interseccional en la aplicación de la Alerta. Tiende a ser una medida homogénea que no toma en cuenta las realidades particulares de mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales o migrantes. Esto limita gravemente su capacidad para atender las violencias diferenciadas que atraviesan los cuerpos feminizados en México.

No todo ha sido retroceso. La AVGM ha permitido, en el mejor de los casos, visibilizar la violencia feminicida como un problema real, latente y en crecimiento. Ha servido como plataforma para la exigencia social, e impulsado la creación de refugios, fiscalías especializadas, unidades de género y programas de prevención en varios estados.

Aún hay mucho por lograr. El mecanismo de la Alerta debe ser revisado. Es urgente actualizar la legislación vigente y adaptarla a las nuevas expresiones de la violencia. Asimismo, debe vincularse con las políticas públicas ya existentes para garantizar respuestas integrales. A diez años de su implementación, la Alerta de Género sigue siendo un instrumento valioso, pero claramente insuficiente. No debemos desecharla, pero sí transformarla.

Cada día mueren 10 mujeres por esta causa, y esto representa un horror que no podemos normalizar.