Especial: Edomex, bajo la mira de la videovigilancia

Parte 3 de 6

Problemas y más problemas

SeguriTech Privada S.A. de C.V., se ha caracterizado, adicionalmente, por ser un imán de conflictos para aquellos municipios donde se han establecido contratos comerciales para temas de seguridad.

En Oaxaca, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia, del gobierno de Gabino Cué, investiga irregularidades financieras junto con otras empresas de seguridad, porque no se han comprobado los gastos de inversión. En esta entidad, obtuvo un contrato directo para servicio de mantenimiento en los Centros de Control, Comando y Comunicaciones por 90 millones 955 mil pesos.

En Acapulco, Guerrero, la Contraloría Municipal acusó a SeguriTech de fraude por cobrar por un servicio que no cubre. Ahí, el contralor Antonio Sebastián Ortuño informó que se le sancionó a la empresa y pidió que la Secretaría de Finanzas del Gobierno Estatal le retire el contrato. La empresa empezó a dar servicio con la instalación de las videocámaras y botones de pánico desde el gobierno de Zeferino Torreblanca, y posteriormente con Alberto López Rosas, pero el equipo no operó al ciento por ciento como se esperaba. Esta empresa tiene un contrato de 20 a 25 millones de pesos con el Gobierno Municipal de Acapulco.

Recientemente el gobierno del estado de Guanajuato otorgó un nuevo contrato a la empresa para formar lo que denominó el proyecto de seguridad Escudo en esa demarcación. El contrato fue por la prestación de servicios, por lo que no se estarán adquiriendo las cámaras sino el servicio de vigilancia, únicamente. De acuerdo con el gobierno de esa entidad, el proyecto tiene un costo de 2 mil 727 millones de pesos, que se asignó a la empresa “SeguriTech, Seguridad, Defensa, Telecomunicaciones, Aeroespacial”.

En el caso del Estado de México, el servicio proporcionado por SeguriTech en Cuautitlán Izcalli y en Atizapán dejó de funcionar hace tiempo. Adeudos de los gobiernos municipales obligaron a la empresa a suspender el servicio, por el que reclama ahora pagos millonarios a las alcaldías. “No puedo hacer comentarios al respecto porque es un litigio”, aseguró Karim Carvallo Delfín, presidente municipal de Cuautitlán Izcalli. El gobierno local también tiene en bodega 2 mil 500 botones de pánico de SeguriTech, que ya no fueron entregados a la ciudadanía.

El caso de Atizapán es similar al de Cuautitlán Izcalli. Por falta de pago, SeguriTech dejó de prestar el servicio de videovigilancia. El alcalde Pedro Rodríguez Villegas, de extracción panista, informó en noviembre del año pasado que el Ayuntamiento adeuda 80 millones de pesos a la empresa. En tanto, el Ayuntamiento de Huixquilucan pretende reactivar su sistema de videovigilancia con la empresa SeguriTech, la cual ya ha prestado el servicio en la localidad.

Hasta el año pasado, 30 municipios del Estado de México recibían recursos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), varios de ellos que cuentan con los llamados C-4 (Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo).