No descartan proceder contra quien encarceló a mazahuas

TOLUCA, Edomex., 7 de junio de 2014.- La acusación que el Gobierno de la República hizo a través de la Policía Federal (PF), para detener y encerrar por más de cuatro años -injustamente- a ocho mexiquenses de origen mazahua, podría no quedar impune, pues no descartan proceder administrativa e incluso penalmente contra los funcionarios, mandos y policías que falsearon declaraciones, inventaron “hechos”.

De acuerdo con Cervando Martínez, abogado que formó parte del equipo jurídico que abanderó el caso identificado como “cantonazo mazahua” registrado a principios de 2010; el titular del juez cuarto de Distrito en Materia de procesos Federales del Estado de México, Ricardo Garduño Pastel, cuatro años después de haberse registrado el agravio hizo justicia a los vecinos del municipio de Donato Guerra y bajo la figura de “duda absolutoria” ordenó su inmediata liberación.

“Realmente él (juez) entendió la problemática, evidenció que el sistema no tenía la razón y ese fue el resultado. No le tembló la mano para decir son inocentes”, precisó el defensor.

Asimismo, explicó que el juez llegó a dicha determinación, luego de que al solicitar pruebas contundentes, verificables y reales de los señalamientos, la parte acusadora, es decir, los policías federales que implementaron el operativo y en teoría habrían detenido a los mexiquenses por portar armas y droga, nunca pudieron demostrar sus dichos.

“Hubo un operativo disuasivo, supuestamente para detectar la comisión de delitos, pero no fue así, los elementos de la Policía Federal ingresaron de forma arbitraria a los hogares (de los mazahuas) destruyendo, golpeando, robando, maltratando, vejando, valga la expresión… fue un cantonazo, esto implica vulgarmente que una autoridad se meta a un hogar sin que exista una orden judicial o autorización para incursionar”, precisó el abogado.

Por otro lado, recordó que ocho fueron los detenidos por dicho caso seguido con la causa penal 25/2010, de los cuales dos ya habían obtenido su libertad, uno murió en reclusión y cuatro estuvieron enfrentando el proceso desde el penal federal de Nayarit y un quinto desde una cárcel de Veracruz.

Sobre el mazahua que murió en reclusión, Martínez no dudó en señalar que la atención médica que se le otorgó fue deficiente, pues los custodios no permitían que sus familiares le entregaran su medicamento de manera oportuna y cuando se le intentó trasladar a un hospital del estado de Morelos, fue demasiado tarde porque sus problemas de salud ya se habían agravado y ello le costó la vida.

El abogado Cervando Martínez recordó que de acuerdo a la acusación, los detenidos habían sido asegurados en un operativo implementado en una carretera de la zona, pero en los hechos la detención se registró al interior de sus hogares; circunstancia fundamental para que el juez determinara que la autoridad (PF) no acreditó plenamente que los imputados intervinieron en los supuestos delitos.

Asimismo, precisó que a cuatro años de distancia del “cantonazo”, de los nueve policías que en su momento sostuvieron la acusación contra los ocho mexiquenses, cuatro de los policías están sin vida, tres no pudieron ser localizados y dos más siguen participando en la corporación, pero ha sido muy difícil ubicarlos físicamente.

“Se está evaluando si se procede contra estas personas, porque esto no puede quedar con un ‘usted disculpe’. Le arrebataron cuatro años de su vida a estas personas”, concluyó el abogado Cervando Martínez.