Muere niña tras ser arrollada por camión público en Toluca; su madre lesionada
COACALCO, Edomex., 6 de agosto de 2014.- Las irregularidades que se dieron en la casa hogar La Gran Familia en Michoacán, así como en Casitas del Sur en la Ciudad de México y en la de Los Niños de Colores, se deben a que las autoridades correspondientes se olvidaron de supervisarlas o inspeccionar su funcionamiento, aseguró la diputada federal mexiquense por Nueva Alianza, Lucila Garfias Gutiérrez.
Explicó que algunos de estos lugares destinados a niños en situación de calle, gente pobre o adultos mayores, entre otros, “operan como redes de delincuencia que propician y permiten la vulneración de los derechos humanos de quienes acuden por ayuda”.
Las casas, albergues, centros u orfanatos de asistencia social “no pueden seguir operando de la manera en que lo hacen. Como sociedad, no podemos seguir dejando a nuestras niñas, niños, adolescentes y adultos mayores en manos de quienes actúan maliciosamente al margen de la ley”, sostuvo.
Por tanto, promueve un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a supervisar la operación de las “casas cuna, casas hogar o casas de asistencia social”, así como evaluar y dar seguimiento a los servicios sociales y de salud que presten.
La integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez, Garfias Gutiérrez, recordó que en el caso de Casitas del Sur se presume la comisión del delito de tráfico de menores, registrándose la desaparición de 14 niños, de los cuales, desde 2009, ocho continúan desaparecidos.
En Los Niños de Colores, continuó, fueron cometidos los ilícitos de trata de personas y tráfico de órganos, en agravio de menores indefensos y a merced de sus cuidadores.
Más recientemente, en el caso de La Gran Familia, se supo que cientos de niños fueron rescatados de situaciones de maltrato, privación de la libertad, explotación laboral y abuso sexual, según señalan las autoridades.
Dijo que es momento de cuestionar a las autoridades que tienen la obligación de supervisar estas casas hogar.
Garfias Gutiérrez manifestó que la Secretaría de Salud y el DIF son las autoridades responsables de coordinar el Sistema Nacional de Información en materia de asistencia social, por lo que se debería contar con un directorio nacional de las instituciones públicas y privadas de asistencia, así como un amplio censo sobre los menores, para supervisarlas.