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TOLUCA, Edomex., 19 de agosto de 2014.- Mandar a “capacitar” a todos los elementos municipales de Valle de Bravo no fue una opción, sino una orden que vino desde el Gobierno del Estado de México, y “las órdenes se acatan”, admitió la sexta regidora Verónica Lara Villafranca del Partido Acción Nacional (PAN).
“Si están mandando a nuestra gente a capacitar, pues creo que es en bien de nuestras policías, de nuestros municipios; pudiera ser que la medida fue drástica pero créanme que la ciudadanía se siente un poquito más cobijada, tanto con la presencia de los marinos, de militares, Secretaría de Seguridad. Eso es ahorita lo que se está viviendo”, comentó.
Lara Villafranca consideró que pese a los delitos de alto impacto registrados durante las últimas semanas en las inmediaciones del municipio de Valle de Bravo, las calles y colonias del territorio se pueden caminar de forma tranquila, aseguró.
“Al final de cuentas el municipio sigue siendo tranquilo, donde todo mundo puede ir, puede caminar, puede ir a visitar la belleza natural que tenemos y pues no hay mayores incidencias”, dijo.
La política panista reconoció que el gobernador Eruviel Ávila Villegas en todo momento ha mostrado disposición para sumar esfuerzos con los gobiernos municipales de la zona sur que buscan disminuir los indicadores delictivos, no sólo de Valle de Bravo, sino en toda la entidad en general.
En este sentido, expresó que la intervención de la Dirección de Seguridad Pública de Valle de Bravo fue acompañada por el reforzamiento de la presencia de policías estatales, elementos de la Marina, Policía Federal y Ministerial de la Procuraduría mexiquense.
“Ellos son los encargados de estos asuntos y a final de competencias pues todos estamos en coordinación, lógicamente con la competencia que cada uno tenemos en el tema”, subrayó la regidora del PAN.
Por último, Verónica Lara no descartó que su correligionario de partido y presidente municipal Francisco Reynoso en ocasiones no llega a tener conocimiento de los secuestros, porque las denuncias se hacen directamente a la Procuraduría estatal y a la Procuraduría General de la República (PGR), y los funcionarios de esas dependencias no comparten ese tipo de información a la autoridad local, por la secrecía que debe de guardar toda investigación o quizá porque el gobierno municipal es del PAN.