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NAUCALPAN, Edomex., 17 de octubre de 2014.- La diputada federal del PAN, Karina Labastida Sotelo, aseguró que la petición para blindar las candidaturas a elección popular, como lo piden algunos partidos políticos, llega tarde porque la esfera política ya está penetrada por la delincuencia organizada, sobre todo en gobiernos locales, como sucedió en Iguala, Guerrero.
Luego de que el Partido Verde pidió a la PGR investigar a su propia militancia y de que el PRD propuso crear una fiscalía especial para evitar que delincuentes obtengan candidaturas a cargo de elección popular, la también secretaria de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados fue más allá y se pronunció porque las investigaciones no se limiten a precandidatos a los cargos políticos que estarán en juego el próximo año, sino que también alcancen a funcionarios públicos de mediano y alto nivel en los tres órdenes de gobierno.
Añadió que para nadie es un secreto que desde hace mucho tiempo la sociedad desconfía de la clase política y que ahora, con la infiltración del crimen organizado en cargos de gobierno, como quedó al descubierto en Michoacán y Guerrero, no sólo se incrementa esa desconfianza de la sociedad, sino que incluso se justifica.
“Por eso creo que no basta con evitar que candidatos a cargo de elección popular tengan nexos con el crimen organizado; también hay que investigar a quienes ya ocupamos esos cargos, incluidos diputados federales y locales, presidentes municipales, jefes policiacos, gobernadores y funcionarios federales, empezando por aquellos cuyos bienes materiales no corresponden con el dinero que han ganado como funcionarios. Es decir: ¡A grandes males, grandes remedios!”, indicó la legisladora panista.
La diputada Karina Labastida, reconoció la autonomía de los gobiernos locales para acceder o no a que sus integrantes sean investigados por posible complicidad con la delincuencia, por lo que propuso que la Cámara Baja cumpla con hacer un llamado a los gobiernos estatales y municipales para que acepten someter a sus funcionarios públicos a esta cruzada contra la narcopolítica, y que los gobiernos que no acepten, queden evidenciados ante la propia sociedad.
La legisladora federal por Naucalpan, recalcó la necesidad de detectar, evidenciar y castigar a los políticos que en nuestro país ofrecen protección a los delincuentes -incluida la omisión para perseguirlos a sabiendas que lo son-, y aplicarles todo el peso de la ley, ya que sólo de esa manera la clase política podrá recobrar la confianza de la sociedad.
Por último, Labastida Sotelo destacó que este es un problema añejo que se dejó crecer y ahora pareciera incontenible; “ahorita son los casos de Michoacán y Guerrero, pero en su momento el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, también fue señalado como cómplice del crimen organizado, entre otros lamentables casos de narcopolíticos en México”, dijo.