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TOLUCA, Edomex., 13 de noviembre de 2014.- La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local pidió al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, modificar su estrategia de seguridad ya que, de acuerdo a cifras de Organismos No Gubernamentales, los indicadores delictivos no muestran un descenso y por el contrario algunos delitos como el de homicidio doloso van al alza.
En conferencia de prensa, la legisladora perredista Xóchitl Teresa Arzola sostuvo que hasta el momento las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado de México para atajar a la inseguridad no han dado los resultados que se habían proyectado, por lo que es urgente que se registre una modificación sustancial en todas las acciones encaminadas a contrarrestar la delincuencia.
“Denunciamos las terribles fallas del sistema de justicia y de prevención del delito (…). Gran parte de los ilícitos han quedado impunes”, dijo la legisladora.
Con base en datos de la Organización No Gubernamental (ONG) Consejo de la Inseguridad y Víctimas de Violencia, la legisladora precisó que ocho municipios del Estado de México se colocan en los primeros 20 lugares de mayor incidencia delictiva.
Haciendo referencia a los reportes del Consejo, la diputada Xóchitl Arzola detalló que delitos como robo con violencia, homicidio, robo de vehículos y secuestro (en segundo lugar nacional) se han mantenido pese a las acciones que han hecho las diferentes áreas de seguridad del Poder Ejecutivo.
Entre los municipios donde se mantienen indicadores delictivos elevados, precisó, están Ecatepec, Izcalli y Chalco.
En cuanto al delito de feminicidio, la parlamentaria del PRD consideró que el gobernador debe de decretar la Alerta de Género, lo que permitiría que un grupo de especialistas coadyuven con las instituciones estatales, sumen esfuerzos y realicen las acciones necesarias para inhibir dicho delito.
Por último, propuso que el cambio de estrategia esté encaminado a fomentar las actividades educativas, culturales y deportivas, pues se demostró que la compra de más armas no anuló la comisión de delitos.