El presupuesto es un laberinto
MÉXICO, DF, 2 de diciembre de 2014.- El Grupo de Trabajo para coadyuvar en las investigaciones del caso Tlatlaya de la Cámara de Diputados, se reunirán con el gobernador del Estado de México Eruviel Ávila Villegas y el titular de la Procuraduría de Justicia estatal, Miguel Ángel Contreras Nieto, así como con el nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, ante la falta de precisión para definir a las víctimas de los hechos ocurridos el pasado 30 de junio.
La coordinadora del grupo de trabajo, Elena Tapia Fonllem, confirmó la reunión en los próximos días con el propósito de esclarecer la presunta ejecución extrajudicial de 22 personas por parte de elementos del Ejército y tras el informe de la CNDH en el que detalla que la escena del crimen fue alterada.
“No sabemos exactamente cuántas personas de las 22 asesinadas fueron ejecutadas extrajudicialmente”, mencionó en entrevista la diputada del PRD Tapia Fonllem.
Explicó que además no existe la figura legal de ejecución extrajudicial o ejecución arbitraria; por tanto, actualmente se tiene a siete militares detenidos por el delito homicidio calificado, no por ejecución extrajudicial.
Evidenció que es uno de los vacíos legislativos en materia de justicia, en la que la Cámara de Diputados tendrá que trabajar para que, “en primer lugar, no ocurran casos como estos, pero que si ocurren podamos tener la manera de definir los delitos propiamente”.
Tras sostener una reunión de trabajo con la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, dijo que resultó una reunión productiva, en el sentido de que tuvieron información directamente del tratamiento de la atención que se está dando a una víctima, por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, la funcionaria federal Lía Limón admitió que la crisis en materia de derechos humanos que se vive en el país reflejan los retos importantes que hay que enfrentar en todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno de manera conjunta, para poder avanzar. “Tenemos un marco jurídico muy valioso, muy vanguardista, y tenemos un programa en materia de derechos humanos, también muy completo; tenemos el reto de avanzar en su implementación y de trabajar en aras de lograr construir una sociedad de derechos”, indicó la funcionaria de la Segob.
Sobre la reunión privada, aclaró que fue a puerta cerrada porque es un caso que está en proceso, pero donde reiteró la absoluta disposición del gobierno federal para coadyuvar, ayudar a esta comisión a avanzar en el objeto que le fue conferido con su creación y esclarecer los hechos del caso Tlatlaya.