Detienen a presunto responsable de desvivir a mujer en Calimaya
NEZAHUALCÓYOTL, Edomex., 15 de enero de 2015.- La reclasificación del expediente Tlatlaya por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) significa que “el país vive en la impunidad”, ya que tan solo el gobierno del Estado de México permitió actos de tortura, uso arbitrario de la fuerza y tratos inhumanos con las víctimas que salieron con vida de esa masacre, señaló la diputada secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julisa Mejía Guardado.
“Lamentablemente -dijo- es la propia entidad natal del ejecutivo ejemplo de lo que no debe ocurrir en ninguna parte del país, como son los feminicidios, ejecuciones extrajudiciales, torturas y extorsiones, acciones que deben ser combatidas y eliminadas dentro de los cuerpos de seguridad encargados de la prevención de la delincuencia y la procuración de justicia”.
En Tlatlaya, comentó, la CNDH acreditó hechos violatorios consistentes en privación arbitraria de la vida, uso arbitrario de la fuerza, tortura y tratos inhumanos, así como actos violatorios de los derechos a la verdad y al acceso a la justicia, por lo que recomendó a las autoridades mexiquenses que tomen en cuenta este hecho en las acciones para eliminar estas prácticas entre sus filas.
La legisladora del Sol Azteca apuntó que es tiempo ya de pasar de la simulación mediática de que se combaten estas prácticas ministeriales para obtener confesiones a modo, mismas que se creían ya erradicadas de las oficinas gubernamentales y que, de acuerdo a testimonios, están más que arraigadas.
Mejía Guardado señaló que con el caso de Tlatlaya se confirma la grave crisis de derechos humanos que vive México y que en estos dos últimos años se ha profundizado de manera grave, pese a que se quisieron borrar de la opinión pública los datos sobre ejecuciones, extorsiones, secuestros y violaciones de diversos tipos contra la sociedad.