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TOLUCA, Edomex, 4 de mayo de 2015.- Comuneros de las comunidades de San Jerónimo Acazulco y Santa María Tepezoyuca, del Municipio de Ocoyoaca, se enfrentaron en las oficinas de la Subdelegación de Conciliación Agraria del Tribunal Agrario, dejando como saldo tres personas detenidas.
El enfrentamiento se registró, derivado de que los comuneros de estas dos poblaciones aseguran que Valente Lima Hernández, Enrique Peña Villanueva y Apolinar García, están usurpando cargos como Presidente, Secretario y Tesorero, ejidal, de la Comunidad de Santa María Tepezoyuca, asegurando que estos dos poblados son comunidades mancomunadas.
Gustavo Olivares, abogado de los comuneros, señaló que el Delegado de la Procuraduría Agraria, Melchor Velásquez, reconoce por separado a estas dos comunidades de manera independientes, asegurando que esto es un robo de identidad y que muchas veces se ha denunciado esta usurpación y que nadie les ha hecho caso.
Señaló que desde hace dos años se ha estado presentado este grupo de personas y se hacen pasar por integrantes del comisariado de bienes ejidales de esta zona del municipio de Ocoyoacac, reiterando que ellos están usurpado los puestos de más alto rango en la comunidad de bienes ejidales y así se les pague a ellos las indemnizaciones, a un precio menor, luego de las afectaciones que se están llevando a cabo por las obras de la nueva autopista México – Toluca y del proyecto del tren Interurbano México- Toluca.
Comentó que el procurador Agrario, está haciendo caso omiso y está violando los derechos antiguos y reconocidos por resoluciones presidenciales de años anteriores, que legitima estas dos poblaciones.
Comentó que la dependencia federal solo quiere pagar del orden de 10 o 15 millones de pesos por las 32 hectáreas que resultaran afectadas por parte de la construcción pero los verdaderos comuneros lo que están pidiendo es que se les pague a razón de un millón de pesos por cada una de las hectáreas afectadas.
Finalmente señaló que mientras no se llegue a un acuerdo con este problema estarán deteniendo la continuidad de las obras de infraestructura de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, derivado de que se debe de pagar lo justo a los pobladores y si no se les paga no dejaran que sigan con las obras.