1.3 millones de afrodescendientes vive en exclusión, 22% son mexiquenses

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció que un millón 381 mil 853 mexicanos afrodescendientes continúan viviendo en un entorno de exclusión e indiferencia, sin presencia explícita en ámbitos de las políticas públicas y en la legislación, y hasta hace poco su presencia en la estadística nacional era inexistente, por lo que permanecían invisibles, lo que es una forma más de discriminación.

Al presentar a la opinión pública el “Estudio Especial sobre la Situación de la Población de México a través de la Encuesta Intercensal 2015”, la Cuarta Visitadora de la CNDH, Norma Inés Aguilar León, afirmó que “cuando un grupo de la población es reconocido explícitamente con derechos propios, se le priva de las oportunidades que les dan al resto de las poblaciones y con ello se le está impidiendo su autorrealización.

Las poblaciones afrodescendientes no existen para gran parte de la sociedad mexicana ni dentro de la estructura jurídica del Estado mexicano, y por ello actualmente demandan ser socialmente visibilizados y ser legalmente reconocidos, como elementos necesarios para la satisfacción de sus requerimientos culturales y socioeconómicos”. 

Hizo un llamado a sociedad y autoridades para consolidar el reconocimiento, protección y defensa de los derechos de los pueblos afrodescendientes, bajo esquemas que propicien la inclusión y fomenten la participación activa de los mismos, lo cual necesariamente debe comprender su identidad cultural, el respeto y rescate de sus tradiciones, de sus aspiraciones y costumbres.

Con base en lo anterior, la CNDH propone –considerando el respeto a la diversidad, con visión intercultural, de género y de derechos humanos— fomentar el reconocimiento político, cultural y social de los pueblos y personas afrodescendientes; garantizar una justicia igualitaria; legitimar su desarrollo con identidad y su derecho a tomar decisiones adecuadas a su realidad; continuar el proceso de producción estadística y de indicadores pertinentes, e implementar una campaña nacional de lucha contra la discriminación y exclusión, especialmente de los pueblos indígenas y negros.

Adicionalmente, el Organismo Nacional propone como agenda mínima inicial inmediata: que se decrete el 19 de octubre como el “Día de las personas y los pueblos afrodescendientes”; asegurar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 se etiquete una partida específica para la atención de personas y pueblos afrodescendientes, y que se realicen los cambios normativos necesarios para el reconocimiento constitucional y legal de las personas y pueblos afrodescendientes, a partir de escuchar y atender los planteamientos que directamente formulen los mismos.

“En síntesis –expresó la Cuarta Visitadora General—, proponemos un conjunto de medidas y acciones que propicien que nuestro sistema jurídico y las políticas públicas en distintos ámbitos, reconozcan y consideren a las personas y pueblos afrodescendientes. Es mucho lo que queda por hacer para que en nuestro país se reconozca, entienda y valore la riqueza y diversidad cultural de los pueblos afrodescendientes, y se asuman como parte integral de nuestra identidad y de nuestra herencia como mexicanas y mexicanos”.

El estudio presentado tiene como objeto contribuir a visibilizar, desde el ámbito de los derechos humanos, la situación y problemática que enfrenta la población afrodescendiente en nuestro país, así como proponer medidas generales para proporcionar una mejor atención y propiciar mayor vigencia y garantía de sus derechos.

Se establece que la composición pluricultural de nuestro país no puede estar completa si se deja de lado a la población afrodescendiente, que forma parte de nuestra identidad y su cultura es parte del patrimonio de nuestra sociedad, de ahí que la igualdad que establece el artículo 1° constitucional no puede seguir siendo un mero formalismo o una aspiración para las 663 mil 143 mexicanas afrodescendientes y 637 mil 928 mexicanos afrodescendientes, que representan en conjunto 1.2% de la población total del país.

Estas cifras corresponden a quienes se reconocieron como afrodescendientes y así lo manifestaron al responder la encuesta aplicada por el INEGI.

Luego de señalar que las entidades federativas con mayor población afrodescendiente son Estado de México, con 304 mil; Guerrero, con 229 mil; Veracruz, con 266 mil y Oaxaca con 196 mil, apuntó que, de acuerdo con el estudio de referencia, las personas afrodescendientes también demandan su incorporación a la educación, salud y al desarrollo económico culturalmente pertinentes, así como la preservación de su cultura, la consulta previa, libre e informada, y la participación política.

Aguilar León puso en relieve que 6.6% de niñas y niños afrodescendientes no cuenta con registro de nacimiento; 18% de la población no cuenta con filiación a algún tipo de servicio o sistema de salud; el promedio de escolaridad entre mujeres de 15 años y más es de 9.4 años, y de 9.7 años entre los hombres; más del 40% de la población ocupada no cuenta con prestaciones de ley en su trabajo; 55.8% de los hombres y 48.9% de las mujeres no cuentan con licencias o incapacidades con goce de sueldo; 48.3% de los hombres y 43.2% de las mujeres no tienen servicio médico proveniente de su trabajo; 51.9% y 42.6% no cuentan con vacaciones pagadas y 44.4% y 35.6% no reciben aguinaldo; 47.1% de los hogares aún cocinan con leña o carbón; casi 40% tiene techo de material de desecho o láminas, y 15% carece de agua entubada.

La funcionaria expresó que desconocer la situación, retos y demandas que tienen las poblaciones afrodescendientes es negarles el efectivo reconocimiento de sus derechos y condenarlos a seguir en el olvido y la exclusión.

“La discriminación es una injusticia, un hecho que deriva de la falta de cultura y es contrario a la dignidad de las personas. La igualdad prevista por el artículo 1° constitucional no sólo debe ser formal o teórica, debe materializarse en la práctica”, aseguró.

Posteriormente, Héctor Dávalos Martínez, Secretario Ejecutivo de la CNDH, se refirió a diversas acciones emprendidas por la Comisión Nacional en esta administración, para el reconocimiento, defensa y promoción de los derechos de la población afrodescendiente, con

la que se han realizado trabajos y experiencias conjuntas mediante espacios tales como conversatorios, foros, encuentros, visitas a las poblaciones, entrevistas e intercambios de opiniones, lo que ha permitido conocer sus problemas, escuchar sus demandas y entender los desafíos que enfrentan.