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TOLUCA, Edoméx., 22 de febrero de 2017.- La economía de rancherías, poblados y pequeñas comunidades mexiquenses ubicadas en 25 municipios de la zona sur del territorio estatal, podrían resentir de forma severa los efectos de una posible deportación masiva, ya que los ingresos de decenas de hogares dependen de las remeses-dólares que mandan algunos familiares que trabajan en los Estados Unidos.
El Doctor en Estudios de Población Juan Gabino González Becerril, miembro del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), en entrevista con Quadratinedomex refirió que, de acuerdo a algunas estimaciones realizadas a partir de indicadores históricos y cruce de datos actuales, se estima que cada año retornen 60 mil mexiquenses, ya sea por la vía de deportación forzosa o por su propia voluntad.
“Hay la estimación del arribo de 60 mil mexiquenses por año, si esta cantidad la proyectamos a cuatro años (periodo presidencial de Donald Trump), estaríamos esperando la llegada de 240 mil mexiquenses”, dijo González Becerril.
Explicó que, de verificarse una deportación masiva, no solamente se vería afectado la economía de algunas poblaciones de zonas urbanas y rurales de origen mazahua y otomí, sino también el sistema de salud, educativo y laboral, entre otros, ya que aquellos mexiquenses que regresen solos o con toda su familia, requerirán de todo tipo de servicios.
El especialista Juan Gabino Becerril, maestro en Estudios de Población por el Colegio de la Frontera Norte, recordó que hace unas horas el presidente estadounidense endureció aún más su política pública respecto a los migrantes que habitan en Estados Unidos sin papeles, ya que emitió otra orden Ejecutiva que estaría permitiendo deportaciones “fast track” -rápidas.
Por lo anterior, insistió, que la problemática generada por posibles deportaciones masivas específicamente hacia el Estado de México, será multidimensional ya que podría generar problemas en diferentes sectores.
Juan Gabino González Becerril consideró que el problema generado a partir del endurecimiento de la política del gobierno de los Estados Unidos no se podrá resolver con la inyección de recursos económicos públicos para defender por la vía jurídica –abogados– a los mexiquenses