¿Qué pasa en la Fiscalía de Guerrero?

La institucionalidad y la credibilidad de la Fiscalía General del Estado de Guerrero se encuentran seriamente comprometidas por el tratamiento que esta dependencia dio al caso del diputado local priista Saúl Beltrán Orozco, y más precisamente por el comportamiento del fiscal Xavier Olea Peláez en ese asunto.

En la entrega anterior expusimos que el error cometido por la Fiscalía al consignar el expediente ante un juzgado, y al obtener con ello la orden de captura correspondiente contra el diputado Beltrán Orozco sin antes solicitar al Congreso del estado el retiro de la inmunidad parlamentaria, no podía ser un acto simple y casual, sino quizás una estrategia destinada a proteger al legislador acusado de homicidio, pues por ese motivo podía alegar la violación del debido proceso, como en efecto hizo al solicitar un amparo federal para frenar su detención (la que de todos modos no podía ser realizada).

Pero declaraciones realizadas por el fiscal Olea Peláez el viernes pasado sobre esos hechos sugieren algo peor que el solo propósito de facilitar que Beltrán Orozco se sustraiga a la acción de la justicia. En unos cuantos segundos de declaraciones periodísticas, Olea Peláez ofreció involuntariamente un indicio sobre la gravedad de los fenómenos que socavan la integridad institucional de la Fiscalía y su propia gestión al frente de ella.

Olea Peláez dijo tres cosas: que el agente del ministerio público consignó el expediente del caso de Saúl Beltrán ante el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con sede en Arcelia, y solicitó la orden de aprehensión contra el diputado sin informarle a él de ello; que lo hizo por amenazas de un grupo delictivo o por dinero, y que una vez consignado el caso, la juez libró la orden de captura también por amenazas o por dinero.

Cualquiera de esos hechos, aún no comprobados, es suficientemente grave por sí solo, pero juntos muestran la existencia de un caos en la Fiscalía y la ausencia de control por parte del fiscal. Es sorprendente e inverosímil que en un asunto de tanta trascendencia un agente del ministerio público haya podido proceder por su cuenta, sin requerir instrucciones del fiscal y sin siquiera avisarle, y no lo es menos el hecho de que el fiscal se escude en esa explicación para explicar el origen de los errores que contaminaron y debilitaron la procuración de justicia en el homicidio cuya responsabilidad se adjudica al diputado Saúl Beltrán.

Por otra parte, de creer en la versión del fiscal, ¿cómo es posible que un grupo del crimen organizado se haya apoderado del control de un procedimiento tan delicado como el que involucra a un diputado local, de tal manera que ordenó a la autoridad consignar el expediente ante un juez, y luego tuvo la osadía de hacer que se librara la orden de aprehensión? ¿Cómo?

Tan inverosímil resulta toda la historia, y beneficia tanto y tan claramente al inculpado, que sencillamente despierta suspicacia. La Ley Orgánica del Congreso del estado es muy clara al prescribir la forma en que puede ejecutarse la acción de la justicia contra un diputado en un caso penal, y señala que ésta no puede emprenderse “hasta que, seguido el procedimiento constitucional, se decida la separación del cargo y la sujeción a la acción de los tribunales comunes”, lo que corresponde hacer al Congreso. ¿Podía un abogado experimentado como Xavier Olea equivocarse en la aplicación de esta cláusula? Imposible. De ahí la suspicacia.

Es típica y muy conocida la triquiñuela oficial de dejar pasar términos o de sembrar inconsistencias en los expedientes para, mediante el recurso simplísimo de la improcedencia, beneficiar a los acusados. Si eso se trató de hacer en el caso del diputado Saúl Beltrán, se le pasó la mano al fiscal; y si no es eso y la negligencia es real, entonces más se justifica preguntarse qué sucede en la Fiscalía de Guerrero, o qué sucede con el fiscal Olea Peláez.

Como consecuencia de lo anterior, en este momento lo único seguro es que el diputado Saúl Beltrán no va a ser desaforado por el Congreso ni llevado ante la justicia. Si ya de por sí era perceptible que los diputados integrantes de la Comisión Instructora no querían retirarle la inmunidad a su compañero, ahora menos querrán hacerlo, y en estas nuevas circunstancias con razón ante la aparición de las abundantes irregularidades que viciaron de origen el procedimiento jurídico contra el legislador. Antes preguntamos quién protegía al diputado Saúl Beltrán; ahora preguntamos si valía la pena protegerlo con ese desaseo que se llevó entre las patas a la justicia, la institucionalidad y la credibilidad de la Fiscalía.

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