
Encobijado y con signos de violencia; encuentran sin vida a menor
CIUDAD DE MÉXICO, 27 de marzo de 2017.- El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, informó que de septiembre de 2016 al 24 de marzo de 2017 la dependencia a su cargo inició 2 mil 129 expedientes por la presunta comisión de violaciones a las leyes electorales en todo el país.
En conferencia de prensa, el fiscal refirió que mil 481 corresponden a carpetas de investigación y 648 averiguaciones previas, de las cuales 462 indagatorias se ubican indistintamente en los estados de Veracruz, Estado de México, Nayarit y Coahuila, entidades en las que está en curso un proceso electoral.
En Coahuila son 23 carpetas de investigación relacionadas con peculado electoral, compra de votos y alteraciones al Registro Federal de Electores.
Santiago Nieto anunció que este lunes se realizó un operativo en una bodega en Torreón en donde se tienen indicios de la presunta compra de votos.
En el Estado de México se han liberado 194 órdenes de aprehensión relacionadas con 117 procesos de investigación, de los cuales de manera recurrente se han estado denunciando supuestas alteraciones al Registro Federal de Electores, con la práctica del llamado turismo electoral en la zona oriente de la entidad, que consiste en un registro inusual de electores en determinadas secciones electorales.
Al referirse a Nayarit, el funcionario adscrito a la Procuraduría General de la República dijo que se ha consignado una averiguación previa, y en Veracruz se investigan 306 casos vinculados con turismo electoral, que datan desde el año pasado, así como compra de votos y destrucción de material electoral.
En Veracruz se han liberado 687 órdenes de aprehensión vigentes.
Nieto Castillo anunció que a partir de este lunes, personal ministerial especializado de la Fepade tendrá presencia en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral en las cuatro entidades donde se desarrollan procesos electorales.
Se busca incentivar las denuncias e inhibir conductas delictivas que alteren el desarrollo de los procesos electorales, además de trabajar de manera coordinada con las autoridades locales.