Exporta Edoméx modelo de fondo de apoyo a Victimas

• Toman modelo mexiquense para la elaboración de sus fondos de reparación.

• Entrega Edoméx a víctimas u ofendidos del delito 44.4 millones de pesos en medidas de asistencia.

TOLUCA, Edoméx., 7 de marzo de 2018.- Representantes de las comisiones de Atención a Víctimas de Chihuahua y Quintana Roo se reunieron con sus homólogos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM) para conocer el modelo y funcionamiento del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, con el fin de replicarlo en sus entidades.

Este fondo opera en el Estado de México desde diciembre de 2015 con el objetivo de brindar los recursos necesarios a personas en situación de víctimas de delitos o violaciones a los derechos humanos.

“Es una herramienta fundamental en las tareas que lleva a cabo el Estado de México para garantizar los derechos de todas las víctimas; esta herramienta, este fondo opera con un protocolo moderno, ágil e incluso ha sido objeto de análisis de otros estados de la República que han manifestado su interés en conocer su operación para poder replicarlo”, explicó el Secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta.

La Comisión de Atención a Víctimas de Chihuahua ha iniciado los trabajos para publicar las reglas de operación de su fondo de reparación, para lo cual utilizarán como base el modelo mexiquense que considera tres niveles de atención: ayuda urgente, apoyo ordinario y reparaciones.

“Ustedes tienen muy buen avance, ya tienen muy armonizado el equipo, ya tienen un flujo de cómo atender desde que llega la víctima, hasta entregarle su parte compensatoria, su ayuda asistencial, es muy importante todo lo que tienen ustedes y yo creo que nos vamos a llevar todo, toda la información que nos han compartido”, dijo Arlette Cruz, Administradora del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación a Víctimas de Chihuahua.

Desde que empezó a otorgarse hasta la fecha, en el Estado de México se han erogado a través del fondo un total de 44 millones 402 mil 937.72 pesos repartidos con base en las necesidades de las víctimas u ofendidos de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación publicadas en la Gaceta de Gobierno.

Dichas reglas consideran los mecanismos de reconocimiento de víctimas, métodos de pago y niveles de atención, protocolos que también servirán como base para crear las reglas de operación del Fondo de Reparación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo.

“Por la experiencia que ustedes tienen en reparación integral es muy provechoso llevarme de aquí los elementos que a mí me van a servir en su momento para poder dictaminar y reparar a las víctimas.

“Ésta es una comisión muy preparada y sobre todo que tiene los elementos para poder trabajar fluidamente”, consideró Yesmín Espinosa, titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo.

En el Estado de México, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas considera como medidas de ayuda urgentes aquellos gastos que sirvan para cubrir las necesidades ordinarias y urgentes que necesitan las víctimas u ofendidos del delito que deriven del hecho victimizante, como los gastos de alimentación, aseo personal, alojamiento transitorio, gastos funerarios, de transporte y peaje, atención médica, psicológica y las demás que sean necesarias para garantizar sus derechos.

Los apoyos ordinarios se otorgan de manera periódica y temporal a las víctimas y ofendidos del delito y de violaciones a derechos humanos, previa autorización del Comité Multidisciplinario Evaluador.

Se consideran entre ellos atención médica, medicamentos, aparatos ortopédicos y prótesis que requiera la víctima por haber sufrido lesiones o mutilaciones como consecuencia del delito; reembolso de gastos de transporte, peaje y hospedaje; estudios médicos de especialidad; apoyo por concepto de trámites, y medidas de protección, principalmente.

En tanto, las reparaciones se otorgan, previa autorización del Consejo Consultivo, con el fin de garantizar la recuperación del proyecto de vida de las víctimas y ofendidos de los delitos o de violaciones a los derechos humanos.