El Gobierno Federal adjudicó directamente 71% de los contratos

Entre 2012 y 2017, el Gobierno Federal adjudicó directamente 71% de los contratos, pese a que la ley reduce a 30% la práctica. Sólo 22% se licitó.

-10 entidades, entre ellas CFE, IMSS, ISSSTE, SAGARPA y Liconsa, las más riesgosas.

Excelente semana amigas y amigos de Quadratín!

Recientemente, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó los resultados de su estudio “Índice de riesgos de corrupción: El sistema mexicano de contrataciones públicas” que ratifican la vergonzosa corrupción imperante durante la administración priísta de Enrique Peña Nieto.

Para esta investigación, el IMCO analizó 700 mil compras del sector público federal realizadas entre enero de 2012 y julio de 2017, que representaron más de 2.3 billones de pesos.

Para identificar dónde se encuentran prácticas adversas a la probidad y eficiencia del gasto federal, se revisaron los procedimientos de contratación de las Unidades Compradoras (UC) dentro de dependencias y entidades de la administración pública federal.

El IMCO creó una base de datos con 6 millones de líneas de información sobre contrataciones públicas. Al calificar riesgo-tamaño encontró las 500 UC más riesgosas e identificó las dependencias o entidades con el mayor número de éstas.

Las diez entidades más riesgosas son la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Prospera, Liconsa (antes, Leche Industrializada Conasupo), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDPI); la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con recursos gastados en contrataciones públicas por casi un billón de pesos.

Según IMCO, los mil proveedores que más recursos obtuvieron en este periodo resultaron ganadores por adjudicación directa en 71% de los contratos; sólo 22% de los contratos asignados a estas compañías fue licitado públicamente. Estas empresas ganaron 2 de cada 3 propuestas que presentaron; los demás proveedores únicamente ganaron en la mitad de las veces.

La adjudicación directa es el método menos competitivo, un mecanismo legal para otorgar contratos a socios a pesar de que las leyes en la materia ordenan que esta figura no debe superar 30% del total de contrataciones. Empero, como no existen órganos internos de control efectivo, simplemente no pasa nada y los funcionarios corruptos siguen haciendo de las suyas.

Tan sólo por 10 UC adjudicaron 43% del monto total para compras.

En lo que IMCO califica como “Cambio de sexenio, cambio de ganadores”, advierte que las 100 empresas que recibieron más contratos en 2012 concentraban 43% del monto total adjudicado, pero en 2016 perdieron la mitad de su participación al disminuir a 20%; las 100 empresas que en 2016 ostentaban 51% del monto total asignado, en 2012 sólo tenían 16%.

Para disminuir los riesgos de corrupción en este sector, IMCO presenta diversas propuestas, entre ellas nuevas leyes de Adquisiciones y de Obra apegadas a los estándares internacionales, que eliminen excepciones, establezcan procedimientos más sencillos y eficientes, y regulen la planeación y la ejecución de manera integral; además, estudiar la conveniencia de convertirlas en leyes generales y eliminar los 33 regímenes diferentes de contrataciones públicas existentes entre el orden federal y los estatales.

También planteó la necesidad de una nueva plataforma de contrataciones públicas de uso obligatorio que abarque todo el ciclo: planeación, licitación, ejecución; en la actualidad, señaló, CompraNet es incompleto e insuficiente porque no funciona como herramienta de control y vigilancia, ni como plataforma para eficientar las contrataciones públicas.

En este sentido, consideramos de gran importancia que los candidatos a la Presidencia de la República que tanto hablan contra la corrupción, señalen medidas y establezcan compromisos concretos para combatirla (podría ser con la adopción de las recomendaciones del IMCO y otras organizaciones de la sociedad civil). De no ser así, la historia volverá a repetirse, independientemente de la extracción política del gobierno en turno.

Debemos comprometernos a aniquilar la corrupción priísta de raíz, emprendiendo las reformas necesarias en éste y otros rubros.