Balazos en el pie
-Obligado a volver productiva la CFE
Les deseo una excelente semana, amig@s de Quadratín!
Sin duda uno de los mayores retos del nuevo gobierno será definir la ruta que tomará la Reforma Energética que impacta los sectores de hidrocarburos e industria eléctrica.
Ésta última no ha recibido la atención requerida, pese a su importancia histórica y económica, apenas superada por el sector petrolero.
A casi 5 años de la reforma constitucional en la materia, 4 de la promulgación de su legislación secundaria y poco más de 1 desde la escisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en diversas empresas, los resultados han sido nulos.
La pretendida empresa productiva del estado ha resultado improductiva, no ha tenido un buen año y no han llegado los supuestos dividendos que habría de recibir el gobierno federal.
Hasta el 2014, la CFE era un organismo descentralizado del Estado, responsable de llevar el servicio eléctrico a todos los rincones del país a cualquier precio, por lo que sus actividades no eran rentables.
Actualmente, la Constitución y la Ley de la CFE exigen la rentabilidad de la empresa. Sin embargo, persisten obligaciones normativas por las que aún financia los nuevos desarrollos eléctricos del país y subsidia las tarifas del servicio de suministro doméstico, a cambio de un raquítico subsidio federal, apenas suficiente para evitar su quiebra.
Por tanto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador primero deberá definir si continuará por la senda privatizadora promovida por la administración de Enrique Peña Nieto, o cuál será el camino.
El nuevo gobierno tendrá que afrontar los grandes retos del sector eléctrico y emprender las reformas legales o constitucionales necesarias para definir el nuevo rol de la CFE.
En cualquier caso, a pesar de que hay mucho por arreglar, tampoco todo está mal, por lo que bastaría con algunas modificaciones para construir un sector eléctrico rentable y competitivo, sin dejar de lado la necesidad de llevar el servicio a los sectores más vulnerables de la nación.
Por tal razón, promoveremos reformas para asegurar la rentabilidad de la empresa sin descuidar a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, que impliquen la redistribución de roles de los diferentes actores del ramo eléctrico.
En tal virtud, estimamos necesario acotar las atribuciones de la Secretaría de Energía (Sener) para que no sea juez y parte en el sector ni inhibidora del desarrollo de la CFE.
Además, deben limitarse las atribuciones de autoridad de la dependencia y fortalecer su papel como responsable de llevar el servicio eléctrico a todos los rincones del país, a cualquier costo, de tal manera que se le debe dotar de los recursos presupuestales necesarios.
También es menester concentrar las funciones de regulación del sector eléctrico en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), eliminando la duplicidad y sobreposición de atribuciones con la propia Sener y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
A la CRE además se deben transferir las atribuciones del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), organismo público responsable de ejercer el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN); la operación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM); y es preciso garantizar imparcialidad en el acceso a la Red Nacional de Transmisión (RNT) y a las Redes Generales de Distribución (RGD).
En el mismo tenor, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe asumir el costo de las tarifas subsidiadas en el servicio de suministro eléctrico doméstico, pérdidas que corren a cargo de la CFE y no del erario público, hecho lo cual, no será necesario otorgarle más subsidios.
Sólo así, podremos transformar a la CFE y filiales en verdaderas empresas productivas, con capacidad de competir con cualquier ente privado que pretenda invertir en nuestro país.
Sólo así, estaremos en posibilidad de atraer inversiones de capital privado, nacional y extranjero, que tanta falta nos hacen para atender los crecientes requerimientos de electricidad de la población y la industria.
Sólo así, podremos atender las necesidades de electricidad de los sectores menos favorecidos de la población, llevando los subsidios a quienes verdaderamente los necesitan.
Y sólo así, acotaremos la brutal corrupción existente en el sector eléctrico.