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CIUDAD DE MÉXICO, 29 de mayo de 2019.- Para Andrés Manuel López Obrador, el caso del presidente de Altos Hornos de México S. A. (AHMSA) Emilio Lozoya Austin que investiga la Fiscalía General de la República (FGR) “tiene que ver con la ambición”, y la continuidad de investigaciones del sexenio anterior, “no con venganza”.
El Presidente de la República expresó que es un caso que no le podían dar carpetazo por el dinero público que se involucra, y precisó que fue heredado por la administración de Enrique Peña Nieto, esto, desde Palacio Nacional durante la conferencia mañanera, de la que se suspendió su transmisión por canales oficiales por orden del Instituto Nacional Electoral (INE) en relación a la jornada electoral que se vive en el país, para los estados de Puebla, Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.
“Tampoco podíamos cancelar procesos ya iniciados, en este caso se trata de un asunto que fue denunciado desde el gobierno anterior, nosotros desde luego lo conocemos bien, ayer hablamos del tema”, dijo López Obrador.
El Primer Mandatario detalló el contexto con el que cuenta del caso: “Fue la compra de una planta de fertilizantes… compra que se convirtió como indican todas las pruebas pero será la autoridad competente la que lo va a decidir, suele pasar así, pero existe la presunta prueba de que se pagó un sobreprecio cuando se privatizó la planta, estaba trabajando hace 20 años, y se paró la planta y casi se volvió chatarra, entonces deciden comprarla como si estuviese la planta en operación y se pagaron cerca de 500 millones de dólares por una planta parada, arrumbada, sin funciones, entonces el que vendió la planta y quienes compraron la planta fueron denunciados en su momento porque hay auditorías y está demostrado que hubo un sobreprecio, muchísimo dinero pagado de más, entonces esto es lo que llegó a la Fiscalía General”.
López Obrador señaló que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, le informa sobre todos y cada uno de los casos que surgen, y esta no fue la excepción, pues la instrucción que tienen los servidores públicos del Poder Ejecutivo es “no tapar nada, no actuar dando protección o impunidad a nadie”.