Balazos en el pie
Estados Unidos, de la lucha policiaca a la protesta altermundista; reservación en Seattle
Carlos Ramírez
La lucha contra la brutalidad policiaca en los Estados Unidos ha tenido derivaciones esperadas: la realineación de la lucha contra el imperio desde dentro. En Seattle, estado de Washington, una comunidad urbana logró reventar una estación policiaca y obligó a los policías a abandonar la plaza. En esa zona se instaló la Zona Autónoma de Capitol Hill, en una pequeña área de seis manzanas y un parque. Los grupos sociales quieren instalar una pequeña ciudad sin policías, a la manera de las reservaciones indias sobrevivientes.
La furia del presidente Trump y su amenaza de enviar al ejército fue contra esa zona conocida, por sus siglas en inglés, como CHAZ. Las autoridades municipales y estatales son del Partido Demócrata y han repudiado la amenaza de Trump, escalando un pequeño conflicto social de condado a niveles nacionales por la posibilidad de envío de fuerzas armadas.
Seattle es una de las zonas urbanas más importantes de las protestas contra la globalización, el neoliberalismo y ahora la brutalidad policiaca. Ahí nació, en 1999 con la protesta que reventó la reunión de la Organización Mundial de Comercio, el movimiento altermundista, luego con ramificaciones en el Foro Social antineoliberal. Y la zona de Capitol Hill en Seattle está dominada por grupos contraculturales y de las comunidades sexuales diversas. Ahora mismo están instalando pequeñas granjas para sembrar alimentos.
Hasta ahora no se han visto indicios de multiplicar este tipo de ocupaciones territoriales en otras partes del país y solo se recuerda el Movimiento Ocupa Wall Street de 2011 en la zona de la bolsa de valores de Nueva York, pero solo en el parque Zuccoti del bajo Manhattan, con desalojos constantes por parte de la policía porque se trata de un parque público. Las protestas contra la brutalidad policiaca en otras partes del país se han quedado solo en manifestaciones violentas saqueos de tiendas y choques contra la policía. Inclusive, el movimiento de protesta carece de alguna agenda de propuestas, salvo la de disminuir la brutalidad policiaca contra las minorías étnicas.
La agenda del movimiento CHAZ es dispersa, pero toca puntos sensibles: brutalidad policiaca, convertir el recinto de policía cerrado en la zona de Capitol Hill en un centro comunitario, apoyo a las familias de las víctimas y no faltaron las exigencias de impuestos a las grandes corporaciones empresariales estadunidenses. Las autoridades federales han filtrado información de que grupos del movimiento Antifa Antifascistas ya tomó el control de CHAZ, pero sin evidencias concretas. En todo caso, los datos podrían reventar contradicciones internas entre grupos sociales y grupos antisistema.
Las autoridades del condado reaccionaron demasiado rápido vaciando la delegación de policía, porque fue tomada por manifestantes. Ahora el gobierno del condado quiere reabrirla y ha ofrecido solo ampliar el acceso por la puerta principal para recibir quejas de ciudadanos en el lobby, pero sin cederles el edificio para servicio comunitario.
El escenario nacional revela secciones de descomposición social y política por enfilar las criticas al residente Trump en su carrera por la reelección, cuando el incidente contra Floyd fue realizado por policías locales de gobiernos demócratas.
De todos modos, sea cual fuera el partido, en los EE. UU. existe el problema de la brutalidad policiaca como mecanismo de control social. La brutalidad se justifica, en las oficinas policiacas, por la libertad de posesión de armas de ciudadanos y su uso contra las fuerzas de seguridad. La violencia contra las policías viene de manera creciente de organizaciones delictivas, aunque muchas veces las facturas las pagan ciudadanos que nada tienen que ver con la delincuencia y solo se encontraban en el lugar equivocado.
El caso Floyd, uno entre muchos del pasado y uno entre muchos que vendrán, forma parte del papel de los policías en EE. UU. como perros guardianes del sistema capitalista –wachtdogs–, aunque el modelo aplica también para sistemas comunistas autoritarios y dictatoriales. Las comunidades raciales minoritarias –que sumadas pronto serán mayoría– son las que menos respetan las leyes porque no dependen de la dinámica del capital. Los grupos marginales del trabajo y del capital son los que más delitos cometen y por ello existe una escalada de violencia en el repudio a la policía en operativos de registro y arresto.
Cada vez que existe algún suceso policiaco visible por su violencia, los aparatos políticos del Estado salen a anunciar reformas y castigos; pero el policía que mató a Floyd ya salió en libertad condicional porque fue homicidio no intencional y porque la rodilla en la garganta para inmovilizar al presunto delincuente está en los protocolos de uso de la fuerza. La reforma policiaca anunciada, que no llegará a formalizarse de manera legal, promete quitar esa y otras formas de violencia legal que puedan causar daño físico a las personas. En todo caso, un experto en asuntos de seguridad ha dicho que disminuir las formas físicas de arrestos llevará al uso de armas de fuego. Y ya se demostró que las pistolas eléctricas ya no inmovilizan a las personas.
La forma y el fondo de la violencia policiaca no va a llevar a avances sustanciales porque las policías funcionan como aparatos de control social a través de la violencia institucionalizada, porque los delincuentes reales tienen ya armas de fuego superiores a las de los policías y porque las leyes se han relajado para dejar en libertad a presuntos delincuentes, además de libertades condicionales crecientes para vaciar cárceles.
La violencia policiaca es la violencia del Estado contra el ciudadano. Por ahí habría que comenzar para encontrar una solución. Mientras tanto, seguirán las ocupaciones ciudadanas de espacios públicos, la violencia contra el pueblo y la brutalidad policiaca.