OIC, aliado de UAEM en la rendición de cuentas: Carlos Barrera Díaz

Toluca, Edomex., 18 de mayo de 2021. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Carlos Eduardo Barrera Díaz, llevó a cabo su primera reunión oficial de trabajo con el titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la institución, Victorino Barrios Dávalos, a quien -dijo- la Administración 2021-2025 considera un aliado para garantizar que los procesos administrativos y financieros de la UAEM se realicen en el marco jurídico establecido en los sistemas nacional y estatal Anticorrupción.

Durante este encuentro, que marcó el inicio de un trabajo conjunto y permanente, el rector destacó la operación del Sistema Universitario Anticorrupción, un esquema electrónico que permitirá fortalecer el prestigio de la UAEM, a través de la rendición de cuentas y el manejo transparente de los recursos.

“El Órgano Interno de Control debe ser garante de que los procesos administrativos y financieros de la institución se realicen de la forma correcta. Conducirnos con transparencia y honestidad nos permitirá contar con finanzas sanas para construir una universidad integra e incluyente”, aseguró.

Al referir que durante el mes de mayo el personal universitario presentará sus Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, el rector Barrera Díaz enfatizó que al cumplir dicha obligación se garantiza certeza y certidumbre en la protección de la información personal de las y los trabajadores.

En el marco de esta reunión, se informó que en el Edificio Administrativo de la institución se instalará equipo de cómputo, con la finalidad de que el personal del Órgano Interno de Control ofrezca apoyo a las y los servidores públicos universitarios que requieran de asesoría presencial en el llenado de sus declaraciones.

Cabe mencionar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes General y Estatal de Responsabilidades Administrativas, establecen la obligación de quienes desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos de presentar sus Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses.