Presidente del TSJEM Exige Autonomía Presupuestal para Poder Judicial

TOLUCA, Edomex., 8 de julio de 2024.- En el marco del debate nacional sobre la reforma al Poder Judicial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, destacó la urgencia de lograr la autonomía presupuestal de este poder antes de implementar otros cambios.

Sodi Cuellar subrayó que, en un entorno donde se exige cada vez más a los poderes de justicia, es crucial abordar la cuestión económica. Señaló que la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa el mayor desafío para los sistemas judiciales, ya que concentra hasta el 75% del trabajo de los tribunales. Sin embargo, los estados deberán afrontarlo con el mismo presupuesto.

“Nos mandaron con la bendición de nuestras casas, nos dijeron ‘ahí búsquense la vida’. Yo les doy el código nacional, el Congreso de la Unión, pero los recursos búsquenlos en cada uno de sus estados”, reprochó.

Sodi Cuellar destacó que, en contraste, durante la implementación del código penal, que concentra entre el 8 y el 10% del trabajo de los tribunales, se contó con un aumento en el presupuesto. Lo mismo ocurrió con el modelo de justicia laboral, que representa apenas el 3% de la carga de trabajo de un tribunal.

Reiteró la necesidad de un apoyo financiero robusto para los tribunales. “La realidad es muy magra para los tribunales de justicia de los estados. Estamos muy por debajo de la suficiencia judicial y por eso en estas épocas de reflexión, ¿qué tipo de poder judicial queremos? Yo aspiro a un poder judicial eficiente, respetado y respetable”, afirmó.

Enfatizó que el poder judicial necesita los recursos necesarios para cumplir con sus compromisos y mantendrá su postura en defensa de una impartición de justicia digna. Propuso el fortalecimiento de los presupuestos de los tribunales locales y solicitó a las autoridades legislativas federales que se establezca el principio de no reducción de los presupuestos a las entidades federativas, así como la progresividad de los mismos.

También impulsará que al menos el 4% del presupuesto total de cada entidad federativa se destine al poder judicial, además de consolidar un fondo especial para el apoyo de la administración de la justicia local. “Que se den cuenta de las carencias que tenemos y que necesitamos gastar los presupuestos con racionalidad y suficiencia. Que el presidente de un tribunal no tenga más preocupación que la calidad de la administración de la justicia y no estar buscando recursos de cualquier lugar para cumplir con su deber”, concluyó.