La Política Mexiquense

El Congreso local recibió ayer la lista de jueces y magistrados cuyas posiciones serán renovadas este año, constituyendo así la primera parte de los integrantes del Poder Judicial que serán elegidos por la ciudadanía mexiquense.

Sin embargo, parece que la propuesta resultó insuficiente, ya que, de los 115 jueces esperados, el Poder Judicial solo envió 45, lo que representa poco más del 10% del total de los 44 jueces que el Tribunal Superior de Justicia tiene en toda la entidad.

En cuanto a los magistrados, se esperaba un listado de 30 posiciones, pero únicamente llegaron 27. Aunque este no es un problema tan grave, pues representa el 50% del total de 54 magistrados, aún genera inquietud.

El problema persiste, ya que los otros 70 jueces serán elegidos en 2027, lo que conlleva un mayor volumen de trabajo para el Instituto Electoral del Estado de México, considerando que ese año se celebrarán elecciones intermedias. Esta es una decisión interesante, ¿o será que pocos se atreven a enfrentarse a este reto?

Los anexos: ¿salud o negocio?

En todo el país persiste un grave problema que las autoridades federales y estatales del sector salud han evitado abordar desde hace años. Incluso, los legisladores federales y locales han sido renuentes a reconocer su existencia, pero sigue siendo una realidad.

Nos referimos a la falta de legislación para regular el funcionamiento de los anexos y, en general, de los grupos de Alcohólicos Anónimos, los cuales operan de acuerdo con normas propias que no siempre son claras ni seguras. El principal problema radica en los abusos cometidos en los anexos, donde las personas internas son víctimas de diversas violaciones a sus derechos humanos.

El caso más reciente fue denunciado en redes sociales y corresponde a un Centro de Rehabilitación ubicado en la calle Rosa de Olivo, en la colonia Alborada de Aragón, municipio de Ecatepec. En la denuncia se reporta que los derechos humanos de los internos son pisoteados, y se denuncia el trato inhumano hacia los anexados.

Es urgente que estas denuncias sean atendidas por la Comisión de los Derechos Humanos. Más allá de ello, es crucial que se legisle sobre esta problemática para establecer un marco normativo que regule el funcionamiento de estos centros y garantice un trato digno a los internos, nos leemos la próxima.