La Corrupción y su Impacto en los Servicios de Salud Públicos del Estado de México

La corrupción es un flagelo que afecta al pueblo, y la salud pública no es una excepción. La prestación de servicios médicos a cargo del Estado sufre considerablemente debido a prácticas corruptas que desvían recursos, deterioran la calidad de la atención y socavan los derechos de los ciudadanos. Por ello, las acciones que han tomado la gobernadora del Estado de México la Maestra Delfina Gómez y la secretaria de salud la Doctora Macarena Montoya para sanear al sector salud mexiquense tienen una enorme importancia y valor político. Se trata de ejercer con honestidad un aproximado 24 mil millones de pesos (entre el Estado y la Federación) destinados a la salud de las y los mexiquenses.
La salud es un derecho humano fundamental que no debe ser tratado como una mercancía. Todas las personas tienen el derecho humano constitucional a recibir atención médica de calidad, sin importar su situación económica o social. Sin embargo, la corrupción en el sector salud ha transformado a este derecho en un privilegio para unos pocos, dejando a los más vulnerables sin acceso a los cuidados necesarios. Es imperativo reconocer que la salud es un derecho, y cualquier desviación de este principio es una violación grave de los derechos humanos.
La corrupción al interior de los hospitales, clínicas y centros de salud públicos en el Estado de México tiene efectos devastadores. Entre las prácticas corruptas más comunes se encuentran el ausentismo de los trabajadores, la venta de plazas de trabajo, la caducidad de medicamentos por negligencia y el nepotismo. Estas prácticas no solo desperdician recursos valiosos, sino que también ponen en riesgo la vida y el bienestar de los pacientes.
El ausentismo de los trabajadores en los hospitales públicos es una forma de corrupción que afecta directamente la calidad de la atención médica. Cuando los médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud no cumplen con sus horarios laborales, los pacientes sufren largas esperas y reciben un servicio deficiente. Esta situación no solo genera descontento entre la población, sino que también compromete la efectividad de los tratamientos y procedimientos médicos.
Otra práctica corrupta es la venta de plazas de trabajo en los hospitales públicos. Este fenómeno ocurre cuando las posiciones dentro del sistema de salud son otorgadas por la dirigencia sindical a cambio de sobornos en lugar de basarse en el mérito y la capacidad profesional. Como resultado, personas no calificadas ocupan puestos cruciales, lo que compromete seriamente la calidad de la atención médica y aumenta el riesgo de errores que pueden ser fatales.
El viejo régimen y la etapa neoliberal prohijaron a un sindicalismo blanco y corrupto que tergiversó la lucha obrera y las reivindicaciones laborales para convertirse en auténticas mafias. Líderes corruptos que durante décadas han obtenido prebendas al margen de la ley como la adjudicación de uniformes, la contratación de aviadores, la venta de plazas y el nepotismo.
La caducidad de medicamentos por negligencia es otro problema grave que enfrenta el sistema de salud pública. Medicamentos esenciales que podrían salvar vidas terminan siendo descartados porque no fueron administrados a tiempo. Esta negligencia es una forma de corrupción que desperdicia recursos y priva a los pacientes de tratamientos vitales. Es fundamental establecer controles rigurosos para garantizar que los medicamentos se utilicen de manera eficiente y oportuna.
El nepotismo al interior de los hospitales públicos es una práctica que favorece la contratación de familiares y amigos en detrimento de candidatos más calificados. Esta forma de corrupción no solo crea un ambiente de trabajo injusto, sino que también reduce la eficiencia y la calidad del servicio. El personal contratado por nepotismo carece de la experiencia y las habilidades necesarias para desempeñar sus funciones adecuadamente, lo que pone en riesgo la salud de los pacientes.
La salud es un derecho, no una mercancía y menos puede estar sometida al patrimonialismo burocrático, se trata de un cometido esencial de la República, un compromiso social y de reivindicación política. Un derecho conquistado que el Estado debe garantizar por encima de cualquier otro interés, un compromiso superior con el pueblo de México.