
Sancionan con firmeza el acecho: hasta 4 años de cárcel en Edomex
TOLUCA, Edomex., 24 de abril de 2025.- El despojo de la propiedad privada es un delito que va al alza y que el gobierno de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez no ha podido frenar, cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), detallan que en los primeros dos meses de este 2025, el ilícito incrementó alrededor de siete por ciento: con 861 denuncias frente a las 804 registradas en el mismo periodo de 2024.
Los municipios donde más se encuentra arraigado este delito es Ecatepec, Tecámac, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Chalco y Toluca, siendo las entidades con crecimiento urbano acelerado, densidad poblacional elevada y una alta demanda de suelo, como lo son los estados del centro del país.
Para hacerle frente a este delito la diputada Lilia Urbina, del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI), propuso exhortar a la Secretaría de Seguridad Estatal para que implemente una estrategia interinstitucional para contener este ilícito que va en aumento.
La legisladora explicó que la estrategia interinstitucional debe incluir acciones conjuntas con los gobiernos federales y municipales, así como la participación de la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial, para prevenir, investigar, perseguir y sancionar este delito, con especial atención en el Valle de México.
Desde la tribuna explicó que la estrategia debe considerar la implementación de medidas preventivas, a través de campañas informativas, asesoría jurídica, operativos de vigilancia y atención prioritaria a reportes; capacitación continua a policías estatales y municipales, para la correcta identificación del delito y la oportuna canalización de denuncias.
Además, la creación de una unidad especializada de la Fiscalía, dotada de personal capacitado para la atención inmediata y profesional de las denuncias, así como para la adecuada integración y judicialización de las carpetas de investigación.
Lo anterior, con base en el hecho de que desarrollar una vida libre, digna y con proyectos personales, sólo es posible con un marco de legalidad que proteja el derecho a la propiedad privada y el uso pacífico del patrimonio que, al vulnerarse, implican una afectación de naturaleza patrimonial, pues “cuando una familia pierde su hogar, pierde también seguridad, tranquilidad e identidad”, sentenció.
Finalmente reitero que este delito registra un alza que va de mil 841 carpetas de investigación, en 2015, a las referidas cuatro mil 936, del año pasado, además que se ha presentado con mayor frecuencia en entidades con crecimiento urbano acelerado, densidad poblacional elevada y una alta demanda de suelo, como lo son los estados del centro del país.