Denuncian esclavitud impuesta por cárteles en Tierra Caliente y Edomex

TOLUCA, Edomex., 6 de mayo de 2025. – Padres y madres de comunidades ubicadas en la región de Tierra Caliente —en los estados de Guerrero, Estado de México y Michoacán— hicieron un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, para que intervengan en el rescate de aproximadamente 500 jóvenes, incluyendo mujeres, que estarían siendo forzados a trabajar en condiciones de esclavitud por grupos criminales desde hace más de cinco meses.

De acuerdo con testimonios de los familiares, los responsables de estos actos son integrantes de las organizaciones delictivas La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que controlan diversas zonas serranas en la región. Las víctimas habrían sido levantadas y llevadas a fincas clandestinas donde son obligadas a realizar labores forzadas.

Cutberto, un hombre de 69 años originario de la zona, relató en entrevista telefónica que muchas familias tienen miedo de denunciar la desaparición de sus seres queridos por temor a represalias.

“Nuestros muchachos están reforzando cercas en terrenos que les han arrebatado a los campesinos. Las mujeres cocinan, pero también participan en actividades ilícitas”, declaró.

Según las versiones de quienes han logrado escapar, las fincas están ubicadas en zonas de difícil acceso, en los municipios guerrerenses de Cutzamala de Pinzón, Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapan; así como en Tlatlaya, Luvianos y Tejupilco, en el Estado de México, y San Lucas, en Michoacán.

La denuncia también señala que los grupos criminales han asumido funciones que deberían corresponder a las autoridades.

“Cuando hay casos de violencia intrafamiliar, los criminales son los que ‘castigan’, no la justicia. Se llevan al agresor y así ‘ponen orden’”, dijo Cutberto.

Ante esta violencia estructural, muchas familias han optado por huir de la región. “Muchos de nuestros hijos se han ido a la Ciudad de México, Tijuana, Cuernavaca o Acapulco. Aquí no hay trabajo y la vida está controlada por ellos”, agregó.

Para quienes desean migrar a Estados Unidos, la situación tampoco es sencilla. Los criminales exigen un pago de hasta 4 mil dólares —alrededor de 80 mil pesos— para permitirles salir de la región. Si alguien intenta escapar sin autorización, sus familiares son presionados para cubrir la “deuda”.

Cuando se le preguntó por qué no han acudido a las autoridades, Cutberto fue tajante: “Todos están sometidos: policías, jueces, ministerios públicos, incluso militares. Hasta los cuidan cuando están de fiesta. ¿Para qué denunciar si son ellos mismos los que avisan a los delincuentes?”.

La comunidad exige acciones inmediatas del gobierno federal y estatal, ante una situación que, aseguran, se ha agravado por la omisión y el abandono de las autoridades.