Crisis en el ISSEMyM: medicina oculta y pensiones sin trabajar

TOLUCA, Edomex., 7 de mayo de 2025. – El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) se encuentra bajo la lupa por una serie de anomalías que comprometen la salud financiera y operativa de la institución. Bajo la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, las auditorías internas han comenzado a destapar una serie de prácticas irregulares que afectan directamente a más de 823 mil derechohabientes.

Desde el nombramiento de Victorino Barrios como contralor interno en noviembre de 2024, han salido a la luz contratos innecesarios, medicamentos ocultos, compras con sobreprecio y un sistema de pensiones que incluye a personas que nunca trabajaron en el gobierno.

Despachos externos: una carga innecesaria

Una de las primeras irregularidades detectadas fue la contratación de despachos externos para funciones que el propio gobierno estatal podía ejecutar. “Se contrataba un despacho para responderle al SAT. Eso debe hacerlo la Procuraduría Fiscal o la Consejería Jurídica”, explicó Barrios.

Este patrón de delegar responsabilidades esenciales a empresas privadas refleja una cultura institucional que ha favorecido el gasto excesivo y la opacidad. En palabras del contralor, se trataba de “gastar por gastar”, aún en procesos administrativos básicos.

Medicamentos escondidos y mal distribuidos en ISSEMyM

Una de las quejas más reiteradas por usuarios y personal médico del ISSEMyM ha sido el desabasto de medicamentos. La causa no se limitaba a fallas logísticas: en uno de los hospitales se descubrió un cuarto cerrado con fármacos almacenados, sin que nadie tuviera acceso.

“Cuando hubo cambio de director, se abrió ese cuarto, y estaba lleno de medicamentos. ¿Se les olvidó? ¿O planeaban robárselo?”, cuestionó Barrios.

Este hallazgo es alarmante si se toma en cuenta que muchos pacientes con enfermedades crónicas, como VIH, cáncer, diabetes y males cardiovasculares, han protestado por no recibir sus tratamientos completos.

Con la intervención de la Contraloría, el panorama cambió: el abasto de medicamentos subió de menos del 50% a un 92% de cobertura. Para lograrlo, se reforzaron los controles, se reorganizaron tareas y se designó personal específico para supervisar las compras.

Sistema de pensiones: privilegios heredados y cifras récord

Otro de los focos rojos está en el sistema de pensiones. Tan solo entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, el número de pensionados creció de 85 mil 100 a más de 87 mil personas. Cada mes, el ISSEMyM destina 2 mil 100 millones de pesos para cubrir este rubro.

Pero lo más grave es la existencia de pensiones otorgadas a personas sin historial laboral en el gobierno. Estas llamadas pensiones por gracia suman más de 500 casos, muchos de ellos con servicios médicos y montos mensuales sin justificación legal.

“Si le caías bien a un exgobernador, te daban pensión para ti y tu familia”, aseguró el contralor

Además, hay pensiones que rebasan el tope legal, como un caso documentado de una persona que recibe 131 mil pesos mensuales tras ganar un juicio. Barrios informó que se están preparando mesas de revisión para verificar la legalidad de estas resoluciones y calcular su impacto financiero a largo plazo.

Centros vacacionales: lujo con pérdidas en ISSEMyM

Otra área que genera preocupación son los centros vacacionales del ISSEMyM en Valle de Bravo y Tonatico, pensados como prestaciones recreativas para derechohabientes. Sin embargo, su operación arroja pérdidas constantes: generan ingresos por 8 millones de pesos al año, pero su mantenimiento cuesta más de 30 millones.

Hasta ahora, no existen estudios de costo-beneficio ni evidencia que respalde su utilidad pública, lo que pone en duda su permanencia.

Lo que está ocurriendo en el ISSEMyM no es un caso aislado de mal manejo administrativo, sino el reflejo de años de prácticas que han puesto en riesgo la viabilidad de un sistema que debería garantizar salud y seguridad social a los servidores públicos del Estado de México.

La intervención de la actual administración ha comenzado a revertir algunos daños, pero el reto estructural es enorme. Se requiere más que auditorías: se necesita voluntad política, transparencia real y sanciones efectivas para quienes abusaron de su poder.