
El cumpleaños del PRD y las leyes de la química
La historia de México ha estado marcada, en cada etapa, por la compleja relación entre los medios de comunicación, la libertad de expresión y el poder político. Desde la época colonial hasta el México contemporáneo, los medios han sido simultáneamente vehículos de resistencia y herramientas de control, reflejando las tensiones fundamentales entre el Estado y la sociedad. Hoy estamos viviendo una nueva intentona por tener elementos para censurar y cerrar voces discordantes.
Durante el Virreinato, la circulación de la información estaba estrictamente controlada por la Corona española. La Inquisición no solo vigilaba cuestiones religiosas, sino también la difusión de ideas políticas consideradas subversivas. La publicación de periódicos era extremadamente limitada; el primer periódico en México, La Gaceta de México (1722), estaba controlado por las autoridades y servía principalmente para informar sobre decretos oficiales. No existía en esta etapa un concepto moderno de libertad de prensa: el acceso a la información era un privilegio y un instrumento del poder colonial.
La situación cambió con la crisis del orden imperial y la Independencia. El periodismo insurgente, a través de figuras como José Joaquín Fernández de Lizardi —autor de El Pensador Mexicano—, defendió abiertamente la libertad de expresión como un derecho político. Lizardi denunció tanto los abusos del poder como la necesidad de educar a un pueblo oprimido, inaugurando una tradición crítica que identificaría al periodismo mexicano con la lucha por las libertades civiles.
Sin embargo, durante el México independiente (siglo XIX), la prensa continuó enfrentando restricciones severas. Las leyes de imprenta variaban drásticamente según los gobiernos liberales o conservadores de turno. El porfiriato (1876–1911) es emblemático en este sentido: aunque se permitió cierto desarrollo de medios impresos, el régimen de Porfirio Díaz mantenía una política ambigua que combinaba la cooptación mediante subvenciones a periódicos afines, como El Imparcial, y la represión de voces disidentes. El caso del periodista Filomeno Mata, encarcelado en múltiples ocasiones por su activismo contra el régimen, ilustra bien cómo el control sobre la libertad de expresión fue crucial para sostener la paz porfiriana.
La Revolución Mexicana (1910–1920) potenció nuevamente la función combativa del periodismo. Durante esta etapa, periódicos como Regeneración de los hermanos Flores Magón, jugaron un rol fundamental en la denuncia de las injusticias sociales y en la promoción de ideales revolucionarios. Sin embargo, tras el triunfo de la Revolución, los nuevos gobiernos también buscaron controlar los medios para consolidar su legitimidad.
Durante el largo dominio del PRI en el siglo XX (1929–2000), los medios tradicionales —prensa, radio y televisión— operaron en una situación de libertad limitada. Como describe Alan Riding en Vecinos Distantes (1984), México mantenía una «fiel oposición» no solo en términos partidistas, sino también en el ámbito mediático. La prensa, aunque formalmente libre, era frecuentemente objeto de censura indirecta, chantaje mediante contratos publicitarios oficiales o presión política. La radio y la televisión, particularmente monopolizadas por Televisa, fueron durante décadas instrumentos clave para difundir el discurso oficialista y construir una imagen homogénea del México institucionalizado.
A partir de la década de 1980, el control gubernamental sobre los medios comenzó a erosionarse. Factores como la crisis económica, el surgimiento de medios independientes —Proceso, La Jornada, entre otros— y la presión internacional impulsaron una apertura paulatina. La cobertura crítica de eventos como el terremoto de 1985 y el fraude electoral de 1988 aceleraron la exigencia social por una prensa más autónoma y por la defensa efectiva de la libertad de expresión.
La alternancia electoral en la presidencia en el año 2000, fortaleció formalmente los derechos de expresión y de prensa. Sin embargo, nuevos desafíos surgieron: el aumento de la violencia contra periodistas, sobre todo a nivel local, y la concentración mediática en pocas manos continuaron amenazando el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Como apuntan analistas contemporáneos como Raúl Trejo Delarbre, el control ya no se ejerce tanto mediante la censura estatal directa, sino a través de mecanismos de presión económica, autocensura y amenazas del crimen organizado que ahora termina en asesinatos de periodismo independiente.
Hoy, la Presidenta de la República, Claudia Sheimbaum, está enfrentando las consecuencias de los “queda bien” a los cuales les indicaron hacer una modificación a la ley de telecomunicaciones, únicamente para adecuarla a la constitución, pero en su protagonismo la expusieron a la crítica por colocar artículos que son herramientas para cerrar lo a algunos no les guste. Pero la Presidenta, al igual que en otros ámbitos, ya pidió corregir tan insulza propuesta.