
Impactará inseguridad a la elección judicial del 1 de junio
TOLUCA, Edomex., 17 de mayo de 2025. El Gobierno del Estado de México (Edomex) firmó un convenio de colaboración para brindar asesoría legal gratuita a personas en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de que puedan obtener sus títulos de propiedad y resolver conflictos relacionados con la tenencia de la tierra.
Este esfuerzo conjunto será realizado entre el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México (IDP) y el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis). Ambas instituciones trabajarán de manera coordinada para acompañar a las y los ciudadanos durante todo el proceso jurídico, desde el inicio del trámite hasta la obtención del título de propiedad.
La iniciativa contempla también apoyo en juicios sucesorios intestamentarios y procedimientos de identidad, los cuales suelen representar un obstáculo para muchas familias al momento de formalizar su patrimonio.
El consejero jurídico del estado, Jesús George Zamora, afirmó que esta medida responde al compromiso de garantizar el acceso igualitario a la justicia y a la vivienda, como lo plantea el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023–2029, impulsado por la gobernadora Delfina Gómez.
Además, subrayó que esta acción atiende el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha señalado la importancia de acelerar la regularización del suelo como un derecho fundamental, mediante la colaboración entre los tres niveles de gobierno.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Carlos Maza Lara, destacó que el Imevis promueve estrategias de vivienda social y regularización territorial, particularmente dirigidas a los sectores más necesitados de la población.
“Este convenio es un paso importante para agilizar los trámites de propiedad y brindar respaldo a las familias que más lo necesitan”, expresó Maza Lara.
A través de este acuerdo, se establecerán mecanismos de canalización, se compartirán criterios técnicos, y se ofrecerá acompañamiento jurídico permanente para garantizar que las y los beneficiarios puedan consolidar su patrimonio con certeza legal.