
Se integran nuevos municipios a Mujeres con Bienestar
TOLUCA, Edomex., 20 de mayo de 2025.- A pesar de contar con dos Alertas de Violencia de Género activas desde 2015 y 2019, respectivamente, el feminicidio en el Edomex continúa al alza, revelando la ineficiencia de las políticas públicas implementadas hasta hoy. Familiares de víctimas, colectivos feministas y defensoras de derechos humanos han alzado la voz para exigir acciones reales y urgentes.
Durante una reciente manifestación, diversos colectivos denunciaron que las víctimas y sus familias siguen enfrentando obstáculos graves: investigaciones lentas, revictimización constante y un Estado que no garantiza ni justicia ni prevención.
El Edomex fue pionero en declarar una Alerta de Género por feminicidio en 2015, centrada en 11 municipios como Ecatepec, Toluca y Naucalpan. Sin embargo, en 2019 se tuvo que emitir una segunda alerta, ahora por desaparición de mujeres, debido al creciente número de casos sin resolver.
Hoy, a casi una década de la primera medida, organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) advierten que no se ha logrado disminuir el problema estructural. Al contrario, el feminicidio en el Edomex se ha agravado, con 833 casos de niñas y adolescentes asesinadas entre 2015 y 2025, el número más alto del país.
Una de las principales críticas que sostienen las familias es el uso ineficiente del Fondo de Reparación para las Víctimas. Aunque existe una obligación institucional de reparar el daño, muchas madres y padres aún esperan una respuesta del gobierno mexiquense.
A esto se suma la falta de apoyo psicológico, asesoría jurídica adecuada y protección frente a amenazas. Las familias sienten que el sistema no solo las abandona, sino que también las responsabiliza indirectamente por buscar justicia.
Organizaciones civiles celebraron recientemente una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que reconoció a los familiares de Fátima, niña víctima de feminicidio en 2015, como agraviadas indirectas y ordenó medidas de reparación integral.
Sin embargo, este avance judicial también evidencia que las familias deben llegar hasta la Corte para obtener lo que debería ser garantizado desde el primer momento. La sentencia, aunque positiva, es una excepción en un mar de impunidad.
La diputada local Ana Yurixi Leyva reconoció que, aunque se han tomado medidas, los resultados no han sido los esperados: “las mujeres siguen desapareciendo y siendo asesinadas, y el sistema no responde con la urgencia que se necesita”, lamentó.
El feminicidio en el Edomex no sólo representa una crisis de seguridad, sino también una falla institucional profunda. Las voces de las familias exigen más que promesas: piden una estrategia con enfoque territorial, presupuestos reales y voluntad política.