
Recuperan 800 mil pesos en mercancía robada en Ecatepec
TOLUCA, Edomex., 21 de mayo de 2025. – El Estado de México enfrenta una crisis silenciosa en sus planteles escolares: la comida chatarra ha regresado con fuerza. En los primeros meses del ciclo escolar 2024-2025, se han recibido mil 198 denuncias por la venta de productos no permitidos en escuelas, abarcando 692 instituciones educativas. Esto representa un incremento del 3,423% en comparación con los datos previos al 29 de marzo, fecha en la que entró en vigor la estrategia Vida Saludable.
Estos reportes se concentran en la plataforma “Mi Escuela Saludable”, gestionada por la organización El Poder del Consumidor. De ellos, el 91.2% denuncia venta de comida chatarra, el 72.4% venta de refrescos, y el 58.3% confirma la ausencia total de frutas y verduras. Además, el 81.1% de los planteles carece de comités de vigilancia, mientras que el 86.6% no tiene acceso a bebederos de agua.
En contraste, entidades como Aguascalientes apenas acumulan 41 denuncias y 22 escuelas involucradas, lo que subraya el liderazgo negativo del Edomex en esta problemática.
En una conferencia de prensa, El Poder del Consumidor y organizaciones aliadas lanzaron un llamado urgente a quienes aspiran a cargos dentro del Poder Judicial. La abogada Isabel Rubio enfatizó que los jueces y magistrados deben anteponer el interés público, recordando que México enfrenta una epidemia de enfermedades no transmisibles, responsables del 77% de las muertes a nivel nacional.
Rubio advirtió que el consumo de comida chatarra y tabaco incrementa el riesgo de infartos, enfermedades respiratorias y distintos tipos de cáncer, afectando especialmente a niños, niñas y adolescentes.
La batalla legal contra las regulaciones en salud pública ha sido intensa. Javier Zúñiga, abogado del CIDE y El Poder del Consumidor, denunció que las empresas de alimentos ultra procesados han interpuesto más de 160 amparos para revertir normas como el etiquetado frontal y la prohibición de publicidad dirigida a menores.
“Es fundamental que los futuros integrantes de la Suprema Corte no se sometan a los intereses de las grandes industrias. La salud pública no puede estar en venta”, sentenció Zúñiga.
Desde diversas trincheras, activistas como Claudia Moreno y Larisa de Orbe manifestaron su preocupación por la interferencia corporativa en la elaboración y aplicación de políticas públicas. La industria tabacalera, refresquera y de plásticos ha buscado evadir responsabilidades mediante litigios y estrategias legales.
El colectivo coincidió en que el nuevo Poder Judicial debe tener la capacidad de resistir presiones económicas, actuar con independencia total y defender los derechos humanos, tal como lo exige el Acuerdo de Escazú.
Finalmente, El Poder del Consumidor llamó a la ciudadanía a seguir utilizando la plataforma Mi Escuela Saludable para reportar la venta de comida chatarra. La participación social es clave para lograr un cambio sostenible en los entornos escolares y garantizar una alimentación digna y saludable para la niñez mexicana.