Detectan nuevo método de extorsión en Fiscalía de Cuautitlán Izcalli 

CUAUTITLÁN IZCALLI, Edomex., 6 de junio de 2025.- Una serie de casos recientes ha encendido las alertas en Cuautitlán Izcalli, donde al menos cinco automovilistas han sido detenidos injustamente tras ser señalados con denuncias falsas de robo, todo ello en las inmediaciones de la Fiscalía local, según testigos. Las víctimas, con documentos legítimos del vehículo a su nombre, terminan pagando cantidades de hasta 26 mil pesos para recuperar su libertad y su auto. 

Las denuncias apuntan a un patrón: autos comprados directamente en agencias son reportados como robados sin motivo aparente. Ante la alerta emitida por un tercero vía telefónica, autoridades proceden a detener a los conductores, aún si estos pueden acreditar la propiedad del automóvil. De negarse a pagar, son canalizados al Ministerio Público y sus autos enviados al corralón. 

Autoridades en Cuautitlán Izcalli enfrentan señalamientos por irregularidades en detenciones vehiculares  

El lugar donde han ocurrido los hechos, Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, ha sido señalado anteriormente por prácticas administrativas irregulares. Sin embargo, esta nueva modalidad de presunta extorsión ha causado mayor preocupación por implicar directamente a elementos vinculados con la procuración de justicia. 

El testimonio más reciente que circula en redes sociales fue grabado por un abogado que narra el caso de su cliente, quien fue interceptado justo frente a la Fiscalía. Aunque presentó la factura original del vehículo, fue privado de su libertad bajo una supuesta investigación que lo señalaba como responsable de conducir un coche robado. 

Este tipo de situaciones revela no solo una vulnerabilidad legal para los ciudadanos, sino también un uso indebido de protocolos que deberían estar al servicio de la seguridad pública. La reiteración de estos casos en un periodo corto de tiempo sugiere un patrón que merece atención institucional urgente. 

Las autoridades estatales no han emitido un posicionamiento oficial sobre estos hechos, mientras que en redes sociales aumentan las denuncias ciudadanas exigiendo soluciones y revisiones en los procedimientos policiales. La falta de consecuencias ante estas prácticas permite que continúen afectando a personas que no han cometido ningún delito.