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MÉXICO, Edomex., 6 de junio de 2025.– El huachicoleo de agua, práctica que afecta gravemente el suministro de este recurso vital, podría ser tipificado como delito grave en el Estado de México. Así lo propusieron diputadas y diputados de morena, PVEM, PT y PAN, quienes respaldaron las iniciativas de la legisladora Zaira Cedillo Silva y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Durante una reunión conjunta de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, y de Recursos Hidráulicos, se analizó esta problemática que, según cifras oficiales, representa la pérdida del 40% del agua potable en la entidad, ya sea por desvío, tomas clandestinas o extracción ilegal de pozos irregulares.
Zaira Cedillo detalló que su propuesta busca establecer sanciones de hasta 30 años de cárcel y multas de hasta 2.8 millones de pesos para quienes incurran en actos de extracción, apropiación o suministro de agua sin autorización legal. Además, plantea que el huachicoleo de agua sea considerado como un daño a la nación, por lo que se perseguiría de oficio, sin necesidad de denuncia.
La diputada denunció que, entre 2023 y 2024, se registraron apenas 37 denuncias por este delito, sin que ninguna fuera judicializada. Por ello, insistió en que elevarlo a delito grave permitirá frenar la impunidad y proteger un recurso cada vez más escaso.
Miriam Silva Mata, del PVEM, presentó una iniciativa que propone clasificar como delito grave el robo de agua con fines de lucro. Su objetivo es garantizar que los responsables puedan recibir prisión preventiva oficiosa y que las sanciones se ajusten al daño provocado a la población.
La legisladora subrayó que actualmente existen vacíos legales que permiten la corrupción y toleran la impunidad en casos de huachicoleo de agua, especialmente en zonas urbanas y rurales donde los organismos operadores o pozos comunitarios no están debidamente regulados.
Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN), presidenta de la sesión, pidió que se consideren las condiciones específicas de cada municipio, ya que en muchos casos el problema no es el robo, sino la falta de infraestructura. Además, denunció el desperdicio del agua en hospitales y por parte de empresas privadas.
Por su parte, las y los legisladores de morena como Gerardo Pliego, Samuel Hernández, Sandra Santos y Selina Trujillo coincidieron en que las iniciativas deben fortalecerse para no afectar a comunidades que gestionan pozos de manera colectiva y legal, pero sí castigar con dureza el huachicoleo de agua.
Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) recordó que entidades como Sonora, Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México ya han reformado sus Códigos Penales para castigar el huachicoleo de agua, por lo que llamó a que el Estado de México adopte un modelo más transparente y justo para la gestión hídrica.
Con estas reformas, el Congreso mexiquense busca garantizar el derecho al agua potable y frenar prácticas ilícitas que comprometen el bienestar de miles de familias.