Denuncian daño ecológico por obras ilegales en Valle de Bravo

VALLE DE BRAVO, Edomex., 12 de junio de 2025.– En medio del silencio institucional y la ambición inmobiliaria, Valle de Bravo, una de las joyas naturales del Estado de México, está siendo gravemente afectada por el desarrollo urbano no regulado. Organizaciones ambientales como el Observatorio Ciudadano de la Subcuenca del Valle de Bravo-Amanalco y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) han alzado la voz para evidenciar un problema que crece sin freno: la proliferación de obras irregulares dentro de áreas naturales protegidas.

Obras ilegales y destrucción silenciosa

Durante una entrevista en Aristegui en Vivo, Samantha Namnum y Gustavo Alanís Ortega, representantes de ambas organizaciones, expusieron cómo el crecimiento inmobiliario desmedido ha provocado impactos irreversibles en los ecosistemas del lugar. Y es que, a pesar de estar resguardado bajo decretos federales como Área Natural Protegida, Valle de Bravo ha sido invadido por proyectos que no cuentan con estudios de impacto ambiental ni permisos de cambio de uso de suelo.

El caso más ilustrativo de esta problemática es el del Rancho San Jorge, una propiedad de 500 hectáreas donde se construyeron 10 presas sin autorización. El lugar fue asegurado por la PROFEPA y la FGR, luego de una investigación periodística que reveló el uso ilegal de agua y alteración de cauces naturales, como lo documentó Evlyn Cervantes en el reportaje Rancho San Jorge: la ambición por el agua en Valle de Bravo.

¿Quién cuida las fuentes de agua que abastecen al país?

El Valle de Bravo no es solo un destino turístico o un refugio de lujo. Es una de las subcuencas clave que alimenta el Sistema Cutzamala, el cual provee de agua a millones de personas en el centro del país, incluyendo a la Ciudad de México. La destrucción de su ecosistema compromete no solo su biodiversidad —que incluye especies como la mariposa monarca—, sino también la captación y calidad del agua.

Samantha Namnum advirtió que la situación se ha agravado desde la apertura de una nueva carretera en 2010, lo que detonó una ola de construcción sin control. “Estamos viendo una proliferación de construcciones sin licencias ni observancia de los usos de suelo dictados por la zonificación de las áreas naturales protegidas”, señaló.

¿Dónde queda la legalidad ambiental?

La expansión descontrolada no solo representa un daño ecológico, sino una violación directa al marco legal. Gustavo Alanís explicó que muchos proyectos simplemente ignoran el procedimiento obligatorio del manifiesto de impacto ambiental, lo que deja en total incertidumbre los efectos reales sobre el entorno.

Además, se están pasando por alto instrumentos internacionales como el CITES, que protege especies en peligro de extinción, y normativas nacionales como la NOM-059, que regula la protección de flora y fauna. “No se están realizando estudios adecuados y eso implica que ni siquiera sabemos qué tanto estamos afectando”, puntualizó.

Comunidades afectadas y un modelo desigual

El problema no se limita al daño ambiental. Las comunidades que habitan en las cercanías enfrentan una creciente escasez de agua, mientras ven cómo sus recursos naturales son utilizados para abastecer pozos de desarrollos privados. Esta situación acentúa la desigualdad y deja en evidencia la falta de control por parte de las autoridades.

¿Quién vigila a los responsables?

El crecimiento desordenado, la falta de transparencia en la obtención de permisos y la omisión de las leyes ambientales ponen en entredicho el Estado de derecho en la región. “Estamos viendo un escenario donde no hay legalidad ni aplicación de la normatividad ambiental. No se está respetando el plan de manejo de la zona ni los decretos de protección”, enfatizó Alanís Ortega.

Valle de Bravo, en riesgo de perder su esencia

La pregunta es urgente y sigue sin respuesta clara: ¿quién protege realmente a Valle de Bravo? La devastación avanza, mientras las autoridades parecen rebasadas o indiferentes. La exigencia de los ambientalistas es clara: aplicar la ley, detener las obras ilegales y preservar un ecosistema vital para el país. Porque cada obra sin control no solo erosiona un cerro, sino también la esperanza de un futuro sostenible.